El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales profirió una sentencia condenatoria para once personas por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita a través de contratos otorgados mediante el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El fallo, que lleva la firma de la jueza Águeda Rentería, aplicó una pena de 160 meses de prisión para el exjefe de proyectos del PAN, Abraham Williams, y para el empresario Charles Sandat Bonilla (quien cumple una pena de prisión por el delito de peculado).
También se aplicó una pena de 100 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales a Cecilia Aurora Jiménez, Mónica Peralta y Pacífico González.
Asimismo, se impuso una sanción de 80 meses de prisión a Esperanza Juárez, Alvin Joel Araúz Andrión, Rosa Elvira González, Mónica Andrade y a los hermanos Jonathan y Loreine Guardia, hijos del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén.
A los sancionados también se les impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período de tiempo de la pena principal.
Mientras tanto, se dictó un veredicto absolutorio a favor de Junia Esther Ortega, Carlos Roberto Sanjur y Boris Ceballos.
En este caso, la jueza Rentería dictó ruptura procesal para Rafael Guardia Juárez, también hijo de Rafael Guardia Jaén, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Durante el juicio, que culminó el pasado 25 de octubre, los fiscales lograron presentar un cúmulo de pruebas documentales y testimoniales sobre la desviación de fondos del PAN que, a su juicio, demostraron la vinculación de los imputados con el ilícito.
Según los fiscales, el delito precedente en este caso es el peculado, a través del cual se extrajeron recursos del PAN que fueron usados para la adquisición de propiedades por parte de los investigados.
Estos fondos se movieron a través de las sociedades Inversiones Glora, Grupo Piombino, Inversiones Alimac e Inversiones Harl.
Además, la jueza negó varios incidentes de nulidad en los que se alegaron violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales de los imputados durante la fase de investigación.
En este caso, el asesor presidencial Javier Cachaffeiro, quien aparecía en la lista de imputados, logró un acuerdo de colaboración con la fiscalía y quedó excluido del proceso.
Pocos días antes de conocerse el fallo, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó una decisión de la jueza Rentería que había levantado las medidas cautelares de impedimento de salida del país a los procesados.
