La Contraloría General de la República ordenó la apertura formal de múltiples auditorías forenses sobre contratos de infraestructura ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).
La institución explica que la medida se toma tras recibir una serie de denuncias ciudadanas que exponen presuntas irregularidades en el alcance, diseño y desembolso de fondos públicos destinados a la recreación social.
A través de un comunicado institucional, el ente fiscalizador advirtió que la complejidad de las denuncias hace indispensable una investigación especializada e independiente para dictaminar si los recursos se administraron bajo los principios de transparencia y apego a la ley.
Coclé: el primer foco de investigación
El plan prioritario de los peritos forenses arrancará con la inspección del contrato adjudicado para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas ubicadas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé.
De acuerdo al informe, dicho proyecto civil estuvo a cargo del Consorcio Nueve Canchas Coclé, una alianza comercial integrada por las empresas constructoras Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A. El equipo técnico de la Contraloría someterá este contrato a una revisión que abarca:
Modificaciones financieras: Análisis exhaustivo de las órdenes de cambio presupuestario y las adendas aprobadas.
Tiempos de entrega: Evaluación de las prórrogas y ampliaciones de plazos de entrega física.
Ruta del dinero: Auditoría contable sobre los estados de pago, transacciones bancarias y las liquidaciones finales del consorcio.
Investigación
Según las autoridades, el inicio de estas investigaciones forenses responde al mandato constitucional de protección del patrimonio del Estado. “Ningún contrato quedará fuera del escrutinio”, dice el documento oficial, aclarando que el proceso técnico garantiza el debido proceso y no constituye un juicio anticipado sobre las empresas o funcionarios involucrados.
Aclara que en caso de que las auditorías arrojen evidencias sólidas de una lesión patrimonial o de actos con indicios de relevancia penal, los expedientes serán remitidos de inmediato al Ministerio Público para el deslinde de las responsabilidades del caso.
