Un amparo de garantías constitucionales contra el contrato suscrito entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá fue presentado este lunes 17 de julio de 2023 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
El recurso, que incluye una solicitud para que se suspenda de forma provisional la resolución de Gabinete que autorizó la firma del contrato y su presentación ante la Asamblea Nacional hasta que la Corte resuelva el fondo de la demanda, se fundamenta en que no hubo debida consulta popular del citado contrato.
La abogada Mariela Gabriel Dutary, en representación del CIAM, dijo que la consulta pública hecha por el Estado “no se ajustó a las normas de transparencia requeridas” para la aprobación de un contrato que tiene “graves implicaciones” para el medio ambiente y la economía nacional.
Dutary añadió que los magistrados de la Corte deben hacer una revisión profunda de las cláusulas del contrato antes de que la Asamblea Nacional lo apruebe.
En tanto, la exvicealcaldesa y ambientalista Raisa Banfield expresó que los negociadores del Gobierno aprobaron un contrato similar al que la Corte declaró inconstitucional y que obligó a una renegociación de las condiciones de la explotación de la mina.
El Consejo de Gabinete, en su sesión del 14 de junio de 2023, aprobó el nuevo contrato del Estado con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, para mantener su concesión en Donoso, Colón. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, quedó autorizado a firmar en representación del Estado panameño el nuevo contrato, el cual estuvo bajo escrutinio ciudadano desde el 24 de marzo hasta el 22 de abril pasado.
