Un juez de garantías ordenó la detención de tres exfuncionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) e imputó cargos a otras dos personas por el delito de robo de 60 armas de las oficinas de seguridad de la entidad de salud y administradora de pensiones. Las armas, de acuerdo con las investigaciones, fueron entregadas a la pandilla Baby Killa, que opera en el área de Carrasquilla.
Durante la audiencia se comprobó que agentes de seguridad del CSS coordinaron la sustracción de las armas con miembros de la pandilla, quienes luego venderían el armamento en el mercado negro local a precios de entre $500 y $1,000.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, uno de los agentes de seguridad facilitó la llave de acceso a la armería de la CSS, ubicada en la sede de Clayton, mientras que otro gestionó el alquiler de un vehículo en el cual se transportaron las armas hasta una residencia en Carrasquilla.
En una diligencia realizada por la fiscalía, se logró verificar, a través del sistema de GPS del vehículo, que este estuvo en Clayton en la fecha y hora en que se produjo el robo de las armas.
En conjunto con el Ministro Público, aprehendimos a cinco personas mediante la #OperaciónBaluarte desplegada en diferentes sectores de Panamá y Panamá Oeste, presuntamente vinculadas al robo de armas de fuego, ocurrido en octubre del 2024 en perjuicio de la @CSSPanama. pic.twitter.com/igTGiQWk7f
— Policía Nacional (@policiadepanama) April 21, 2025
Durante el robo, uno de los exfuncionarios desactivó el sistema de las cámaras de vigilancia en el edificio de Clayton, pero toda su actividad quedó registrada por el sistema de videovigilancia de la Policía Nacional.
Hasta ahora, las autoridades solo han logrado la recuperación de siete de las 60 armas, entre las que hay cuatro escopetas, 56 pistolas, algunas de las cuales fueron ubicadas en las áreas de Veracruz, San Miguel, San Sebastián y otras áreas en las que la pandilla mantiene presencia.
La juez de garantías, Clara Montenegro, también aplicó la medida cautelar de reporte periódico a otros dos imputados. Sin embargo, la fiscalía apeló esta decisión por considerar que los procesados tuvieron una participación activa en el robo y pueden destruir pruebas necesarias para la investigación.
Las aprehensiones se lograron tras varias diligencias de allanamiento y registro realizadas en el marco de la Operación Baluarte, llevada a cabo por la fiscalía y la Policía Nacional.
Las diligencias se desarrollaron en los sectores de San Francisco, Pueblo Nuevo, Pacora, 24 de Diciembre, Río Abajo, así como en los distritos de Chame y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.
