Corte abre período para recibir opiniones sobre si la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional o no

Corte abre período para recibir opiniones sobre si la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional o no
La demanda presentada ante la Corte pide declarar inconstitucional la designación de José Raúl Mulino como candidato presidencial por el partido Realizando Metas. LP Agustín Herrera

La Corte Suprema de Justicia ha abierto un plazo de 10 días para que se presenten argumentos dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Karisma Etienne Karamañites contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial del Partido Realizando Metas (RM) para los comicios electorales de mayo próximo.

A través del edicto 362, publicado este lunes 1 de abril en la secretaría de la Corte, se informa a los interesados para que presenten sus argumentos. Este proceso se lleva a cabo mediante un edicto publicado en un periódico de circulación nacional durante tres días.

Los interesados tendrán un plazo de 10 días para enviar sus escritos a la secretaría de la Corte, después de la última publicación del edicto en los diarios seleccionados.

La demanda presentada por Karamañites está en manos del magistrado Olmedo Arrocha, quien, una vez reciba las alegaciones, deberá elaborar un proyecto de fallo que, a su vez, tendrá que circular entre el resto de los ocho magistrados que componen el pleno de la Corte.

El procurador de la Nación, Javier Caraballo, ya emitió una opinión en la que considera que la resolución emitida por el TE no es inconstitucional y en la que afirma que el candidato José Raúl Mulino puede participar como candidato presidencial de RM.

Según Caraballo, la designación de Mulino como candidato a la vicepresidencia por RM era una facultad reservada al candidato a presidente, en este caso, Ricardo Martinelli, elegido en las primarias de ese conglomerado político.

Martinelli se encuentra desde el 7 de febrero pasado en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde buscó refugio cinco días después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimara los recursos contra su sentencia condenatoria (dictada en julio pasado) de 128 meses de prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América S.A. (Epasa) en el denominado caso New Business.


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