Doce años han transcurrido desde el inicio de la investigación a exfuncionarios y proveedores de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) por presunto peculado en la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Este caso pende de un hilo desde que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales declaró la nulidad de la investigación, en marzo de 2025.
La Fiscalía Anticorrupción, que intenta encaminar la causa con un último recurso, presentó un amparo de garantías constitucionales en contra de la decisión del juzgado.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el amparo, presentado por el fiscal Javier Cuadra.
La decisión fue notificada a las partes mediante el Edicto No. 1519, divulgado en la Secretaría de la CSJ. El fallo tuvo como ponente a la magistrada Ariadne García y contó con el respaldo unánime de los ocho magistrados restantes que integran el Pleno.
¿Qué dijo la juez?
La acción del fiscal Cuadra se opone formalmente a la resolución emitida el 28 de marzo de 2025 por la juez Águeda Rentería, quien anuló casi la totalidad del expediente (incluyendo el auto de llamamiento a juicio) al considerar que el Ministerio Público incurrió en un exceso de los términos legales durante la instrucción de la causa.
Por este caso, 45 personas fueron enjuiciadas el año pasado, por presunto peculado doloso agravado.
Se calcula que la lesión patrimonial al Estado fue de $12.3 millones.
El juicio, que inició el 10 de marzo de 2025, se extendió por tres semanas. Durante la fase de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó sentencia condenatoria para 25 personas y la absolución del resto.
Pero la juez Rentería dictó una nulidad, que se extendería a los acuerdos de pena alcanzados antes de la etapa de juicio.
Uno de esos acuerdos es el de Mario Martinelli Berrocal.
Contra él había varias pruebas testimoniales y documentales, incluyendo un señalamiento directo por parte de Rafael Guardia Jaén, director del PAN en la época en que se adquirieron los granos.
Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, aceptó la comisión de los delitos a cambio de una condena de 40 meses de prisión conmutables y la devolución de $2.3 millones. El acuerdo fue validado en una audiencia con la juez Rentería, celebrada el 10 de marzo de 2025, el mismo día que inició el juicio.
Martinelli Berrocal no devolvió los millones; tampoco se le conmutó la pena de prisión, porque antes de que algo de esto sucediera, salió el fallo de la juez Rentería anulando el expediente.
La fiscalía apeló la decisión de la juez, pero sufrió otro revés: el 22 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales —con las firmas de los magistrados José Hoo Justiniani, Eyda Amarilis Juárez y Dida Esther Ruiz— respaldó la nulidad declarada por Rentería. En su resolución, los magistrados cuestionaron duramente la actuación de la fiscalía por omitir los procedimientos legales previstos en la ley, señalando que “dichas omisiones son las que obligan a los juzgadores a anular las actuaciones”.
Tras la admisión del amparo por parte del Pleno de la CSJ, el futuro de la causa penal y el estatus legal de los 45 imputados dependen ahora del pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.
La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en el añño 2014.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República estableció en $12.4 millones la lesión patrimonial.
El 28 de marzo de 2025 la juez Agueda Rentería declaró la nulidad del expediente.
Una lesión sin castigo
Una auditoría forense de la Contraloría General de la República estableció la lesión patrimonial en $12.3 millones, tras detectar que los granos adquiridos por el PAN se compraron con precios muy por encima de los existentes en el mercado.
La investigación se inició en el año 2014 tras la presentación del informe de la Contraloría.
Entre los investigados en esta causa figuran Rafael Guardia; el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima; el antiguo secretario privado del expresidente Martinelli, Adolfo “Chichi” De Obarrio, y los proveedores Roberto Brin, Pablo Ruiz Abregón y Mario Martinelli Berrocal.
También fueron imputados tres exfuncionarios del PAN: Ángel Famiglietti, Abraham Williams y Edwin Serracín, entre otros.
