La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda presentada por el Contralor de la República, Anel Flores, en el que solicita declarar inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y Panama Ports Company.
Luego del reparto electrónico efectuado en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el caso fue asignado al magistrado Olmedo Arrocha, quien será el ponente de la demanda.
El contralor presentó la demanda por inconstitucional el pasado miércoles 30 de julio, junto con otro recurso en el que solicita la nulidad ante la Corte Suprema de Justicia dirigidas al contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Según Flores, las acciones legales están sustentadas en los hallazgos de una auditoría que documentó presuntas prácticas lesivas para los intereses nacionales. Calificó el contrato como “leonino” y “abusivo”, y señaló que su despacho tiene la responsabilidad de proteger los fondos públicos y actuar cuando se identifiquen posibles perjuicios económicos.
Paralelamente este viernes se pronunció la empresa Panama Ports Company que a través de un comunicado pide respectar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en este caso.
