El pleno de la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia presentada contra la diputada de la Asamblea Nacional Dana Castañeda por la presunta comisión del delito contra la personalidad interna del Estado, específicamente por el retraso en la instalación del segundo período legislativo el pasado 1 de julio, cuando aún ostentaba el cargo de presidenta de ese órgano.
Bajo la ponencia de la magistrada Miriam Cheng Rosas y de manera unánime, los magistrados de la Corte decidieron archivar la denuncia presentada por el abogado Roberto Lucero.
El fundamento de la decisión asumida por el pleno de la Corte se estableció en los artículo 487 y 488 del Código Procesal Penal, en los que se exige la presentación de una prueba idónea en las denuncias que guarden relación con diputados de la Asamblea Nacional o Parlamento Centroamericano.
En aquella ocasión, el inicio de la sesión para la instalación del segundo período legislativo estaba prevista para las 8:00 a.m., pero Castañeda −quien pertenece al Partido Realizando Metas (RM)− no aparecía. Fue pasado el mediodía que empezó la sesión.
Antes del inicio de la sesión, la diputada Shirley Castañedas también del partido RM y quien aspiraba a la presidencia de la Asamblea, se trasladó hasta la Presidencia de la República.
La denuncia fue presentada tomando en cuenta el artículo 435 del Código Penal, el cual precisa que “quien impida la formación, el funcionamiento o la renovación de alguno de los Órganos del Estado en los términos y las formas que establece la Constitución o la ley o no cumpla con el deber de poner la Fuerza Pública a disposición del gobierno constitucional será sancionado con prisión de cinco a diez años”.
Esta es la sexta denuncia contra un diputado de la Asamblea Nacional archivada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en los últimos días.
En su mayoría estas denuncias contra diputados de diversas bancadas de la Asamblea Nacional fueron archivadas por la ausencia de la prueba sumaria.
Al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson se le archivó una denuncia por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. En tanto, al también diputado perredista Jairo Bolota Salazar se le archivó una denuncia por supuestas lesiones personales en perjuicio de su colega Betserai Richards.
El mismo fenómeno ocurrió con una denuncia interpuesta por Salazar contra Richards, también por supuestas lesiones ocasionadas durante una trifulca ocurrida en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional.
También la Corte desestimó una denuncia contra la diputada panameñista Ariana Marisín Coba, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
También se archivó una denuncia interpuesta contra la diputada de Cambio Democrático Yesica Romero por la presunta comisión del delito de peculado.
Estas situaciones han sido criticadas por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, quienes argumentaron que la exigencia de prueba idónea para poder investigar a un diputado es inconstitucional, pues les otorga un privilegio con relación al resto de los ciudadanos.
