El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal el ingreso de Carlos Mosquera (alias Calitín), acusado de ser el presunto líder de una estructura criminal de narcotráfico y blanqueo de capitales, al centro penal ubicado en la isla de Punta Coco.
Al resolver un recurso de habeas corpus interpuesto por Jasser Alexander Sánchez, abogado de Mosquera, la Corte avaló el traslado del imputado a la cárcel de Punta Coco, un penal de máxima seguridad al que se trasladan a los delincuentes de alta peligrosidad.
La decisión del pleno de la Corte, que contó el voto unánime de sus nueve magistrados, fue notificada a través del edicto No.591 fijado en la secretaría de la Corte en la tarde de ayer martes 28 de mayo.
Mosquera fue detenido en la operación Alpes, realizada el pasado 10 de enero en las provincias de Panamá, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste. Al imputado las autoridades le atribuyen actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Esta no es la primera vez que Mosquera visitará el penal de Punta Coco, ya que en el año 2015 fue enviado a dicho centro penitenciario, tras ser detenido en la operación “Los Campeones”, en la que también se desarticuló una red dedicada al tráfico de drogas.
En aquella ocasión el Pleno de la Corte, con la ponencia del magistrado Harry Díaz, ordenó el traslado de Mosquera a Punta Coco.
En la operación Alpes, las autoridades incautaron de 16 fincas, 22 vehículos valorados en $1.7 millones y $1.9 millones en dinero en efectivo.
En esta investigación las autoridades judiciales lograron 23 acuerdos de pena y la detención de 42 personas que prestaban diversos servicios a la organización criminal, desde ser testaferros, operar vehículos con doble fondo y prestar seguridad para el traslado de drogas.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Drogas la operación Alpes dejó al descubierto que la red criminal liderada por Mosquera, utilizaba las costas de Azuero para ocultar droga, que luego se transportaba por tierra en vehículos con doble fondo.
Este grupo también se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas en las provincias de Herrera y Los Santos, a través de colaboradores de nacionalidad colombiana y panameña, quienes se encargaban de la parte logística para la distribución de la droga.
