La Corte Suprema de Justicia deberá resolver un recurso presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares en el que pide que se le conceda acceso a copia de las delaciones hechas al Ministerio Público por colaboradores y testigos protegidos en el caso Odebrecht.
Se trata de una apelación a un amparo de garantías constitucionales presentado por Carlos Carrillo, del equipo de abogados del expresidente de la República Ricardo Martinelli (padre de Luis Enrique), también investigado en el caso Odebrecht.
El recurso llegó a la Corte luego de que el pasado 19 de septiembre, el Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales, en el que los abogados de Luis Enrique Martinelli, alegaban que se le violaron sus garantías fundamentales al no entregarle copia de las delaciones que hizo Odebrecht a la fiscalía.
El fallo del Primer Tribunal sostiene que en este caso la solicitud no fue presentada por la defensa del imputado durante la primera audiencia celebrada en enero pasado.
Además, cita el artículo 20 del Código Procesal Penal, que señala que el Ministerio Público velará por la protección de los testigos, denunciantes y colaboradores.
Esta petición de acceso a las delaciones hechas por los colaboradores y testigos protegidos de la fiscalía también fue presentada por otros abogados de algunos de los imputados en el caso Odebrecht, pero la jueza Baloisa Marquínez, quien lleva el caso, dijo que resolvería este y otros incidentes tras la culminación de la audiencia preliminar el pasado 28 de septiembre.
Además de determinar si llama o no a juicio a los 49 imputados, la jueza Marquínez deberá resolver 15 incidentes presentados por los abogados defensores.
Entre estos recursos hay incidentes de prescripción de la acción penal, otros que alegan falta de competencia y algunos que pretenden la nulidad por la presunta ausencia de delito precedente para probar el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público alega que los imputados participaron en un amplio esquema de sociedades anónimas, a través de las cuales habrían movido dinero procedente del pago de coima por parte de la empresa brasileña.
Algunos juristas estiman que la jueza Marquínez podría tardar varios meses en darle una calificación de los cargos presentados por la fiscalía debido a lo extenso del expediente (2 mil 755 tomos, con más de un millón 100 mil páginas).
