El pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó un sobreseimiento provisional a favor de la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Cambio Democrático, Giselle Burillo, dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado, a través del fraccionamiento de varios contratos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
En un fallo con fecha del pasado 11 de mayo, el pleno de la Corte determinó que en este caso, a pesar de una auditoría interna realizada por Ampyme y otra de la Contraloría General de la República, no se tiene certeza que se haya sustraído de la entidad dineros, valores o bienes. Además, que tampoco se concretiza un acto permisivo que indique un consentimiento para que otra persona se apropiara de estos.
Refiere el fallo que a pesar de existir un incumplimiento de la Ley 22 de 27 de junio 2006 (de contrataciones públicas) no se evidencia una afectación en el patrimonio económico estatal ni un acción de apropiación, sustracción o malversación que tipifique el delito de peculado.
Recalca el fallo que si bien los informes de auditoría revelan irregularidades en la división de materia, en este caso no se ajustan al delito de peculado.
Por su parte, Carlos Carrillo, abogado defensor de Burillo, alegó que en este caso a su cliente no se le podía atribuir ninguna responsabilidad penal.
En este caso actuó como fiscal de la causa la magistrada María Eugenia López, mientras que como juez de garantías actuó la magistrada Ariadne Maribel García.
La investigación se inició el 13 de diciembre de 2014, tras una denuncia por el supuesto fraccionamiento de materia de 137 actos públicos, a un precio máximo de $175 mil. En total se adjudicaron actos por $21.6 millones.
