David Ochy, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa), continuará detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara legal la orden de arresto emitida por la jueza Baloisa Marquínez.
A través del edicto No. 1,337, fijado en la Secretaría de la CSJ, se informa a las partes sobre la decisión asumida de manera unánime por los miembros de esa corporación de justicia.
El fallo —bajo la ponencia del magistrado Eugenio Urrutia Parrilla, suplente del magistrado Carlos Vásquez— rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Ochy y confirmó la legalidad del fallo del 11 de abril de 2025, que mantuvo su detención provisional.
El pasado 2 de julio, Ochy fue extraditado desde Costa Rica, donde permanecía detenido a raíz de una solicitud de la jueza Marquínez, quien lo llamó a juicio dentro del proceso New Business.
New Business fue la sociedad canasta utilizada por un grupo de funcionarios y contratistas del Estado para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos públicos.
La defensa de Ochy alega que, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Realizando Metas (RM), su caso debe ser tramitado por la Corte Suprema de Justicia.
A su llegada a Panamá, Ochy —quien arribó en un vuelo comercial— fue recibido por su abogado Roberto Moreno y por los diputados del Parlacen Dorindo Jayan Cortés y Carlos Outten, ambos postulados por el partido RM.
Ochy fue detenido en Costa Rica el 5 de diciembre de 2023 por una investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales, de la cual fue sobreseído. Sin embargo, se mantuvo su detención luego de que Panamá solicitara su extradición por el caso New Business.
Por este mismo caso, sus hermanos Daniel y Dina Ochy Diez fueron condenados a penas de 96 y 80 meses de prisión, respectivamente.
A los hermanos Ochy se les atribuye haber recibido fondos provenientes de contratos con el Estado a través de la empresa Transcaribe Trading, a la que se le asignó la construcción de la autopista Arraiján–La Chorrera, y cuyos recursos fueron posteriormente utilizados para adquirir acciones de Epasa.
El expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia, también fue condenado en este proceso a la pena de 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
