La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal regional de Veraguas, Tania Sterling, contra la decisión de una jueza de cumplimiento que concedió depósito domiciliario a Eugenio Magallón, condenado por su participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego.
A través del edicto No. 1632, fijado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se informó a las partes la decisión de esa corporación de justicia de no admitir el amparo presentado por Sterling.
El recurso buscaba dejar sin efecto el auto No. 2871 del 1 de julio de 2025, mediante el cual el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Chiriquí concedió el depósito domiciliario a Magallón.
En este caso, la Fiscalía Regional de Veraguas adujo que, tratándose de desaparición forzada, delito considerado de lesa humanidad, no es aplicable la figura del depósito domiciliario para personas condenadas por este crimen.
No obstante, la jueza de cumplimiento concedió la medida a Magallón debido a que padece quebrantos de salud que no pueden ser atendidos adecuadamente en un centro penitenciario, además de que tiene 94 años de edad.
Magallón fue capturado en mayo pasado, tras permanecer 30 años prófugo, luego de ser condenado a 15 años de prisión, junto a los militares Nivaldo Madriñán Aponte y Melbourne Walker (ambos fallecidos), por su participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, provincia de Veraguas.
La noche de ese día, Gallego se encontraba en su residencia —un pequeño rancho en Santa Fe— cuando alguien llamó a la puerta. Salió a atender a los visitantes, pero nunca regresó.
Según informes de la Comisión de la Verdad, que investigó las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar (1968-1989), en la captura de Gallego participaron Magallón, Walker y Madriñán.
Los restos del sacerdote aún no han sido localizados, aunque informes revelados por la Comisión de la Verdad indican que, tras su captura, fue visto en el antiguo Cuartel de Los Pumas, en Tocumen. En ese lugar, durante excavaciones realizadas en 2002, se encontraron restos óseos, entre ellos los del dirigente político Heliodoro Portugal, también desaparecido en esa época.
La Fiscalía Regional de Veraguas reabrió la investigación por la desaparición de Gallego y ha realizado excavaciones en el Instituto Nacional de Agricultura, ubicado en Divisa, provincia de Veraguas, sin resultados positivos.
El pasado viernes 5 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado panameño incumplió su deber de investigar y sancionar con la debida diligencia a los responsables de la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, por lo que remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que las autoridades panameñas reparen los daños materiales ocasionados.
La CIDH sostuvo que las investigaciones por la desaparición de Gallego fueron deficientes y plagadas de irregularidades, lo que condujo a su archivo en 1973. Tras el fin de la dictadura militar, la Iglesia católica logró la reapertura del caso en 1990, lo que derivó, en 1994, en la condena de los militares Madriñán, Walker y Magallón como cómplices del crimen, aunque dicha sentencia no abordó la responsabilidad de los altos mandos militares.
