La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías presentado por la defensa de Bernardo Meneses contra la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que mantuvo la medida de detención provisional dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
A través del edicto No. 1703, fijado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se informó de la decisión adoptada bajo la ponencia del magistrado Eugenio Urrutia Parrilla (suplente del magistrado Carlos Vásquez) y con el voto favorable del resto de los magistrados, mediante la cual se resolvió no admitir el recurso presentado por el abogado Ángel Álvarez.
El amparo buscaba que la Corte revisara la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones que confirmó la detención provisional de Meneses en la causa por presunto enriquecimiento injustificado.
En una audiencia celebrada el pasado 17 de julio, los magistrados Greta Marchosky, Gustavo De Gracia y Yiles Pittí consideraron que la medida aplicada por la jueza de garantías el 8 de junio era la más idónea para mantener al imputado vinculado al proceso.
La decisión se fundamentó en que la Fiscalía logró aportar evidencias que vinculan a Meneses con la presunta comisión del delito durante el período en que ocupó el cargo de director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Además, los magistrados señalaron que Meneses no atendió requerimientos de los bancos General, Caja de Ahorros y Global Bank para explicar movimientos de fondos realizados a través de sus cuentas.
Por su parte, la defensa alegó que en la cuenta personal de Meneses se manejaron fondos relacionados con actividades políticas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), correspondientes a la juventud de ese colectivo.
El pasado 23 de diciembre, el juez de garantías Manuel Lezcano rechazó una solicitud para sustituir la detención provisional por una medida menos severa, al considerar que la defensa no aportó elementos nuevos que justificaran el cambio. El juez recalcó que Meneses está imputado por una conducta grave cometida en el ejercicio de funciones públicas, que pudo afectar fondos estatales destinados a programas sociales.
Meneses mantiene además abiertas otras dos investigaciones por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales, ambos relacionados con el manejo de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.
El Ministerio Público sostiene que Meneses concedió auxilios económicos sin sustento a personas que no los requerían e, incluso, con alto poder adquisitivo, vulnerando el espíritu de los programas destinados a apoyar a personas con necesidades económicas.
La Fiscalía Anticorrupción ha imputado cargos a 22 personas, a quienes acusa de haber obtenido auxilios económicos del Ifarhu sin la debida justificación y en incumplimiento de los reglamentos de esa entidad.
Según la investigación, Bernardo Meneses vulneró el espíritu de los programas del Ifarhu destinados a apoyar a personas con necesidades económicas.
Además, las pesquisas revelaron que Meneses recibió en sus cuentas bancarias fondos de terceros, luego de haber otorgado auxilios económicos a un grupo determinado de beneficiarios.
La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado nuevas audiencias para imputar a otras personas que presuntamente fueron beneficiadas con auxilios económicos, pese a no calificar para recibirlos por contar con un alto poder adquisitivo.
