La Corte Suprema de Justicia no admitió dos demandas presentadas contra varios artículos de la Ley 462 que introdujo cambios en el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
A través de los edictos No. 828 y 829 fijados en la secretaría de la Corte el pasado 4 y 5 de julio pasado, se informa a las partes de la decisión asumida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El edicto No. 828 se refiere a la demanda interpuesta por el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien alegaba que a la Ley 462 aprobada por la Asamblea Nacional no se le dio el carácter de orden público o de interés social para que surta efectos retroactivos o afecte derechos subjetivos previamente otorgados.
La demanda presentada por Ruiz Díaz sostenía que los beneficios obtenidos por las personas que se encuentran en el programa de beneficio definido son irrenunciables por ser derechos de interés social y orden público.
Según la demanda, esta disposición estaba contenida en la Ley 51 de 2005, reformada por la Ley 462 y que está ultima no tiene efecto retroactivo.
Sin embargo, bajo la ponencia del magistrados Cecilio Cedalise, el pleno de la Corte decidió no admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por Ruiz Díaz.
En tanto, la decisión de rechazar la otra demanda está contenida en el edicto No. 869. En este caso la demanda fue interpuesta por los abogados Ariel Corbetti, Marco Austin y Roberto Ruiz Díaz, quienes objetaban la afiliación obligatoria de las personas independientes.
La demanda atacaba el numeral 23 del artículo 1 y el artículo 8 de la ley 462, alegando que la filiación obligatoria de los independientes viola la Constitución Nacional.
También se ataca el artículo 8 de la Ley 462 que la otorga la facultad a la CSS de realizar inspecciones en los lugares de trabajo, ya sea en empresas debidamente constituidas o a los trabajadores independientes.
En este caso, la demanda mantenía como ponente a la magistrada Miriam Cheng Rosas, quien no la admitió, decisión que fue respaldada por el resto de los ocho magistrados del pleno de la Corte.
La Corte tramita otras demandas contra la Ley 462, entre ellas una interpuesta por el abogado Martín Jesús Molina.
Tras la aprobación de la Ley 462 se produjeron una serie manifestaciones callejeras por parte de gremios de educadores, trabajadores de la construcción, enfermeras y médicos.
Sin embargo, a pesar de la protestas, el presidente panameño José Raúl Mulino aseguró que la citada ley se mantendrá y que no firmaría una nueva legislación relacionada con la CSS.
