El pleno de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Cuarta de Negocios Generales remitieron al Tribunal Especial de Integridad y Transparencia todos los procesos radicados en sus despachos relacionados con denuncias por faltas a la ética en la que figuran funcionarios judiciales.
Fuentes del Órgano Judicial explicaron que ello se produjo tras la selección de Anadina Quiroz, Giovanina Sanjur y Damaris Espinosa como magistradas del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, con sus respectivos suplentes; de José Luis Alfaro De León como magistrado investigador, y de los defensores Dania María Díaz y Alberto González.
Las magistradas del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia despachan desde el edificio Bac, ubicado en la Avenida Balboa, a un costado del parque Urraca.
La entrada en operación del tribunal es parte del proceso de implementación de la carrera judicial, creada a través de la Ley 53 de 27 de agosto del 2015, que establece como punto medular la creación de un sistema de selección del personal a través de concursos de méritos, en el que el superior jerárquico solo intervendría para oficializar el nombramiento y no para recomendarlo.
El Tribunal estará a cargo del juzgamiento e imposición de sanciones por faltas que cometan los funcionarios del Órgano Judicial, situación que antes quedaba en manos del superior jerárquico del funcionario.
Para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, la selección de los integrantes del Tribunal es parte del proceso de mejoramiento de la administración de justicia, que se impuso con la creación de la carrera judicial.
Arrocha reconoció que el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia es solo una parte de todo el proceso de transformación y mejoramiento del funcionamiento de un sistema altamente complejo. Estimó que esta nueva estructura permitirá dar mayor transparencia a los procesos internos seguidos a funcionarios judiciales por quejas por faltas a la ética judicial.
Los magistrados de esta instancia, tanto titulares como suplentes, recibirán un salario mensual de $3 mil 500, así como otros $3 mil 500 para gastos de representación.
El 19 de febrero de 2022, el Órgano Judicial, a través de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, hizo la convocatoria para la escogencia de tres magistrados y seis suplentes del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, que tendrán la tarea de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas graves.
Entre los requisitos que debieron cumplir los nuevos magistrados para ocupar dicho cargo está haber cumplido los 45 años de edad, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso y no haber sido sancionado por proceso disciplinario o falta a la ética. Además, pertenecer a la carrera judicial y contar con 10 años o más de ejercicio en la judicatura o magistratura, entre otros.
También debieron superar un proceso de selección de cinco etapas, en los que debieron enfrentar pruebas orales y escritas, así como jornadas de entrevistas ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que los interrogaron sobre sus ejecutorias y visión de la administración de justicia.
Los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos durante un acto celebrado el pasado viernes en el palacio de justicia Gil Ponce.
El proceso de implementación de la carrera judicial ha obligado a someter a concurso 305 plazas para magistrados de tribunales superiores y de apelaciones, y para jueces de circuito, seccionales, de garantías y comarcales, entre otros.
Una resolución con fecha del 13 de enero de 2022 dejó vacantes las posiciones de 266 defensores públicos distritales, circuitales y de víctimas del delito. También se aprobó declarar vacantes 153 posiciones de cargos de la carrera administrativa judicial, para someterlas a concurso.
