Falta de comunicación y decisiones descoordinadas por parte de los mandos policiales fueron los detonantes del violento motín que facilitó la fuga masiva de privados de libertad en el Centro Penitenciario La Joyita, de acuerdo a un informe oficial filtrado, enviado a la Fiscalía Metropolitana.
El documento −compartido este viernes por Telemetro Reporta− y dirigido directamente al Fiscal Superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, fue redactado por el director encargado del penal, el supervisor Onénimo Araúz, para iniciar las investigaciones penales correspondientes.
De acuerdo con el parte oficial, fechado un día después de la fuga, el 2 de junio de 2026, los disturbios comenzaron al mediodía del lunes, posterior a una descoordinada solicitud de trasladar reclusos de máxima seguridad hacia las salas de visitas comunes.
Los reclusos vandalizaron la cocina principal, derribaron las cercas perimetrales y destruyeron los portones de los pabellones. Con el fin de borrar evidencias del escape, los reos destruyeron al menos 46 cámaras de vigilancia.
Cronología de los hechos: Paso a paso del colapso en La Joyita
Con base en el informe remitido por el director encargado del centro penal, el Ministerio Público reconstruye las horas críticas que permitieron el motín y la posterior fuga masiva:
12:30 Horas (aproximadamente): El mayor Rivera se presenta en la dirección del penal. Solicita el uso de un vehículo oficial para movilizar de forma inusual a privados de libertad del área de máxima seguridad hacia el sector conocido como “Rancho” (visita de abogados). El traslado se justifica por una reunión programada por el comisionado Luis Garcés, cuyo propósito real era desconocido por la dirección del centro.
Minutos posteriores (efecto rumor): La información sobre movimientos internos se filtra de inmediato a los pabellones de mínima seguridad. Los internos asumen que las unidades de control de multitudes ingresarán para ejecutar un traslado masivo y forzoso hacia otros centros penitenciarios del interior de la república, desatando la agitación generalizada.
Momento de la sublevación: En cuestión de minutos, la tensión desborda el penal. La Policía Nacional procede a esposar a los privados de libertad y a subirlos a los transportes de la institución sin informarles que serían trasladados. Los reclusos se salen de sus pabellones de forma masiva e inician los enfrentamientos directos contra la policía, superándola en número.
Vandalismo masivo: Aprovechando el vacío de autoridad y el repliegue policial, los reclusos vandalizan la cocina del penal para robar la totalidad de los insumos, destruyen cercas de seguridad y llegan hasta el área de los escáneres, destruyendo portones de múltiples pabellones.
Escape y sabotaje: Los reos acceden a los talleres del Inadeh y sustraen herramientas pesadas. Destruyen equipos educativos del Ministerio de Educación y sabotean un aproximado de 46 cámaras de videovigilancia y monitoreo. El daño tecnológico total facilita la apertura de brechas en el perímetro y da inicio a la fuga masiva de los internos.
Colapso perimetral: Las fallas externas que facilitaron la huida
El informe detalla que el plan de contingencia perimetral externa falló de manera estructural debido a la velocidad del motín y a la falta de comunicación oportuna por parte de la Policía Nacional hacia los puestos de vigilancia exteriores.
Según el documento, las torres de vigilancia perimetral y los retenes externos no recibieron el estado de alerta a tiempo.
Esto permitió que los reclusos utilizaran herramientas pesadas, robadas de los talleres, para romper con total impunidad los primeros cercados perimetrales. Para cuando los estamentos externos reaccionaron, el quiebre de la seguridad tecnológica (con 46 cámaras destruidas) creó puntos ciegos críticos que impidieron a los centinelas contener las múltiples brechas simultáneas por las que escaparon los reclusos.
Consecuencias legales: Oficiales bajo la lupa de la Fiscalía
Las revelaciones del documento abren un complejo escenario penal y administrativo para las unidades mencionadas en el reporte, específicamente para el mayor Rivera y el comisionado Luis García, en ese momento, Jefe de la Seguridad Penitenciaria.
Investigación penal del Ministerio Público: El fiscal superior de atención primaria, Azael Samaniego, mantiene abierta una causa penal para determinar si las acciones de estos oficiales configuran los delitos de incumplimiento de los deberes de servidor público, negligencia grave, o presunta complicidad por omisión en la modalidad de favorecimiento de la evasión, tipificado en el Código Penal panameño.
Procesos administrativos y destituciones: Paralelo a la justicia ordinaria, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional ha iniciado un proceso interno que podría culminar en la destitución inmediata de los uniformados.
De hecho, el impacto del evento ya provocó la remoción fulminante del Jefe de la Seguridad Penitenciaria a nivel nacional, el comisionado Luis García, siendo reemplazado por el comisionado Basilio Sánchez, lo que marca un precedente de las sanciones administrativas en curso.
