La juez Baloisa Marquínez admitió las asistencias judiciales procedentes de Perú, Singapur, Andorra, Estados Unidos, Aruba y Antigua y Barbuda, solicitadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción como pruebas extraordinarias para ser usadas en el juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht.
En cambio, la juez no admitió la declaración de un testigo protegido solicitada por la fiscalía, por considerar que no existe posibilidad de que la defensa realice un contrainterrogatorio.
Tampoco autorizó la comparecencia de Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), a quien previamente se le remitió un cuestionario, el cual respondió “atendiendo todas las formalidades. Por tanto, no será interrogado en sala”, advirtió la juez.
La juez tampoco avaló que se utilice un informe procedente de Brasil sobre pruebas realizadas en ese país, así como otro informe de los años 2004 y 2009 del Tribunal Electoral y del Tribunal de Cuentas en el que supuestamente se certifica que estas instituciones no han emprendido acciones ni investigado a Odebrecht. Estas pruebas extraordinarias fueron solicitadas por la defensa del expresidente e imputado, Ricardo Martinelli (2009-2014).
A Martinelli, en cambio, sí se le permitió que utilice un supuesto “informe” del Ministerio de Gobierno (Mingob), sobre el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá. El expresidente ha invocado ese principio en múltiples ocasiones, para evitar ser enjuiciado. Ese argumento ya ha sido rechazado por la propia juez y por fallos de tribunales superiores.
Marquínez también admitió dos pruebas extraordinarias requeridas por el abogado de Navin Bhatka, al señalar que son conducentes y fueron presentadas en tiempo oportuno.
A la vez, la defensa del exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, podrá hacer uso de dos informes relacionados el patrimonio del exfuncionario, elaborados por la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas.
Igualmente, la juez admitió las pruebas relacionadas con la idoneidad de Damaris Rodríguez, funcionaria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), quien rindió un informe de inteligencia a la fiscalía relacionado con el caso.
Al abogado del exministro de Vivienda, Carlos Duboy, se le permitirá utilizar como prueba un informe pericial y la declaración de un forense.
Otra prueba extraordinaria que será ventilada en el juicio es la declaración del perito Eliseo Ábrego, quien elaboró un informe de actuación financiera el 27 de enero de 2025. El testimonio de Ábrego fue solicitado por la imputada Aurora Muradás.
Al abogado de Jaime Lasso se le permitirá presentar pruebas que supuestamente demuestran que su defendido no ha sido procesado por delitos patrimoniales en el Tribunal de Cuentas.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) January 26, 2026
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Al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, le admitió dos pruebas relacionadas con las operaciones de la sociedad Promotora Desarrollo Los Andes, que muestran la relación entre su empresa familiar, Grupo Suárez, y la familia Martinelli.
La fiscal Morcillo se había opuesto a todas las pruebas extraordinarias presentadas por los abogados defensores por considerarlas extemporáneas e inconducentes, ya que muchas de ellas están dentro del expediente.
