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Cuatro condenas y una absolución en caso de peculado en albergues

Cuatro condenas y una absolución en caso de peculado en albergues
Durante el mes de febrero de 2021, cientos de jóvenes mantuvieron diariamente una protesta en los predios de la Senniaf para exigir responsabilidades administrativas y penales, tras las denuncias de abusos a niños en albergues. Archivo

Un tribunal de juicio dictó un veredicto absolutorio a favor de Alan Moreno excolaborador de la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa) a quien se le habían formulados cargos por peculado. Previamente, ese despacho judicial avaló acuerdos de pena de 60 meses de prisión a cuatro personas por los mismos cargos.

Durante el juicio, que se desarrolló en el edificio 725 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Ancón, el tribunal decidió absolver de los cargos a Moreno por considerar que la fiscalía anticorrupción no presentó pruebas suficientes sobre su presunta vinculación al ilícito investigado.

Al inicio del juicio, el tribunal validó cuatro acuerdos de pena con sanciones de 60 meses de prisión por el manejo irregular de fondos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a Funchipa que administraba un albergue en el área de Tocumen.

Entre los imputados que alcanzaron acuerdos de pena se encuentran Xenia Moreno e Ilka Moreno. También fueron sancionados con 60 meses de prisión Diosmar Porras y Oscar Sánchez.

Cuatro condenas y una absolución en caso de peculado en albergues
Fiscales de familia y anticorrupción realizaron una inspección en la sede del Senniaf como parte de las pesquisas. Gabriel Rodríguez

Moreno fue el único de los procesados que se rehusó a aceptar los acuerdos de pena, y estuvo presente durante todo el juicio.

Por este caso también se habían imputado cargos a la exdirectora del albergue Xenia Medina, pero en su caso se declaró extinguida la acción de la causa penal, tras su fallecimiento.

En este proceso, dos de las excolaboradoras de Funchipa aceptaron devolver la suma de $9 mil cada una, lo que fue tomado en cuenta por el juez al momento de la validación de los acuerdos de pena.

La Fiscalía Anticorrupción atribuyó a los imputados una lesión patrimonial de $111 mil 310, monto revelado tras una auditoría de la Contraloría General de la República.

La investigación se inició el 29 de julio de 2019, tras una denuncia presentada por el Mides, tras detectar anomalías en el manejo de fondos y asignación de vehículos en el albergue.

La auditoría del Mides –que denunció el caso en 2020– encontró que entre abril y noviembre de 2019 hubo gastos no presupuestados y no autorizados por esa entidad.

El albergue también estuvo envuelto en un escándalo por maltratos y abusos a menores que se encontraban bajo su custodia. Varios de sus excolaboradores fueron imputados por la comisión de delitos de maltrato al menor.

En agosto de 2020, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) presentó un informe sobre hallazgos de maltrato y situaciones irregulares en perjuicio de menores que se encontraban bajo la responsabilidad de ese y otros albergues que operaban en el país, lo que originó varias investigaciones del Ministerio Público.


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