Jorge Churro Ruiz, exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), fue uno de los últimos testigos que presentó la Fiscalía Especial Anticorrupción en el juicio a nueve personas por la supuesta comisión de peculado en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz, otro de los procesos vinculados a Odebrecht.
Ante la juez Águeda Rentería y la fiscal superior Ruth Morcillo, Ruiz contó que conoció a André Rabello, quien era el rostro de Odebrecht en Panamá, en la oficina de Federico Suárez, quien en ese entonces era el titular del MOP.
Ruiz y Suárez trabajaron codo a codo en la gestión y supervisión de los proyectos viales más importantes de los primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La USB y el esquema de las consultas borradas
Durante su comparecencia, el testigo detalló procedimientos inusuales para armar los contratos. Confesó que Suárez le entregó una USB con los precios para la modalidad de “mejor valor por evaluación separada”.
Según su declaración, el día antes del acto público, el ministro lo citó en su despacho para darle los precios estimados de los proyectos; Ruiz anotó los montos, los formalizó en su oficina y los presentó oficialmente en sobres cerrados al día siguiente.
Aunque algunos de estos detalles ya habían trascendido en etapas previas, esta declaración adquiere una dimensión diferente al ser ratificada bajo juramento en el estrado, con las implicaciones legales y procesales que esto conlleva para el desarrollo del juicio.
La Fiscalía concluye su fase de testigos
Con esta diligencia, la fiscalía concluyó este miércoles la presentación de testigos.
La acusación se fundamenta en auditorías de la Contraloría General de la República que sostienen que el costo final de la preservación del Patrimonio Histórico alcanzó los $255,498,701. Frente al presupuesto inicial de $204,001,961, esto representa un sobrecosto de $51,496,740, lo que equivale a un incremento del 25.2% en la obra otorgada al consorcio integrado por Odebrecht y la española FCC.
El sobrecosto que estimó la Contraloría en la ampliación de la Domingo Díaz es de por $47,388,002.
La defensa de Suárez: “No es un delito”
Por su parte, Rosendo Miranda, abogado de Federico Suárez, desestimó lo dicho por Ruiz. Calificó el episodio de la USB como un “bochinche” promovido por la fiscalía.
Miranda argumentó que entregar un dispositivo no constituye un delito, ya que la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas establece que el despacho superior debe verificar los pliegos antes de integrar las comisiones y tener referencia de los precios.
Miranda también cargó contra la veracidad del perito de la fiscalía, el economista Aristides Hernández. Dijo que su informe fue elaborado en solo 21 días y carece de documentación de soporte.
“Esta afirmación que él hace es totalmente falaz, alejada de la realidad. El testigo clave va a quedar totalmente descalificado y posiblemente investigado”, sostuvo el abogado.
Además de Ruiz y Suárez, los otros procesados son María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour, a quienes se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública.
Durante la segunda jornada del juicio, celebrada el martes, el tribunal escuchó los testimonios de los auditores de la Contraloría, Ángel Susto y Virgilio Chacón, quienes comparecieron junto al economista Aristides Hernández.
De la terna de especialistas que originalmente confeccionó las auditorías que sustentan la acusación, solo Susto y Chacón pudieron presentarse; el tercer integrante del equipo falleció antes de que el proceso alcanzara la etapa de juicio.
El martes en la noche también compareció Carlos Ho, quien director de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas. En 2019 alcanzó un acuerdo de pena de 72 meses de prisión por el caso Odebrecht.
Laboró en las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y parte de la de Juan Carlos Varela (2014-2019).
