Un jurado compuesto por cinco hombres y tres mujeres declaró culpables a 12 internos del centro penitenciario La Joyita por su participación en el asesinato de 13 reclusos durante una reyerta registrada el 17 de diciembre de 2019.
Durante sus alegatos, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio explicó que la reyerta se generó tras una orden dada por Jorge Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo) para someter a un grupo opositor de la pandilla Bagdad.
Al inicio del juicio, la fiscalía, en su teoría del caso, sostuvo que dentro del pabellón en que se encontraban unos 200 internos, se recibió la instrucción de ajustar cuentas con un grupo de internos contrarios.
Durante la investigación, algunos internos aseguraron que una división a lo interno de la pandilla Bagdad, liderada por Clarke, fue lo que originó la reyerta.
Camargo Clarke se encuentra pendiente de que un tribunal federal de los Estados Unidos le dicte la pena de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Las fiscales Paula Jiménez, Leydis Rangel y Jennifer Román pidieron la pena máxima para los imputados.
En febrero de 2020, el juez de garantías Erick González imputó cargos a 12 personas por su presunta participación en el asesinato de 13 reclusos y por el delito de lesiones personales ocasionadas a otros 11 internos.
Luego de los incidentes en La Joyita, la Policía Nacional realizó operativos de requisa y recuperó tres fusiles AK-47, tres pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 380 y un revólver calibre 38.
La investigación por la introducción de armas en el penal se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que esto no será debatido durante el juicio.
En la fase de investigación, la fiscalía aportó las declaraciones de tres testigos protegidos que aportaron elementos sobre la participación de varios de los imputados en el crimen.
Este caso provocó que se redoblaran las medidas de seguridad en el Centro Penitenciario La Joyita y una investigación a los custodios y policías encargados de su vigilancia.
El juicio se desarrolló en el edificio 727, en Balboa.
