El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales declaró prescrito el proceso adelantado contra el exdiputado Carlos Tito Afú Decerega por la presunta comisión del delito de corrupción, luego de que él mismo reconociera públicamente que había recibido sobornos para votar a favor del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), a finales del año 2001.
valorada en $400 millones y que se desarrollaría en la provincia de Colón.
En el Edicto 1591 fijado en la sede del juzgado, se notifica a las partes de la decisión asumida por la juez encargada Kerine A. Jaén.
El fallo se produce luego que el 2 de diciembre de 2019, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declinó el proceso seguidó a Afú al Ministerio Público, luego que este perdiera su condición de diputado. Afú no logró reelegirse en el cargo en la elección de mayo de ese año.
El hoy exmagistrado Abel Zamorano, quien actuó como fiscal de la causa, había solicitado dictar un sobreseimiento a favor de Afú, tras no encontrar méritos para abrir una causa penal en su contra.
El escándalo surgió en enero de 2002, cuando Afú, en una conferencia de prensa, mostró un fajo de billetes que denunció le habían entregando a los diputados para la aprobación del contrato del Cemis, un proyecto de $400 millones en la provincia de Colón, impulsado por el gobierno de la presidenta de aquella época, Mireya Moscoso.
El Código Penal de 1982, que es el aplicable en este caso, señala que el delito de corrupción de funcionario público tiene pena de prisión de 2 a 4 años; por tanto, la acción penal en este caso estaría prescrita transcurridos 6 años desde la comisión del delito.
En este caso, la Corte también declaró nula la investigación seguida al expresidente y actual candidato presidencial Martín Torrijos.
Afú también quiere competir en las elecciones de mayo de 2024, como candidato a diputado del circuito 7-1, por el partido Cambio Democrático (CD).
Aquí también se investigó al exdiputado Mateo Castillero y los empresarios Martín Rodín y Stephen Jones, representantes del Consorcio San Lorenzo, que sería la sociedad responsable del centro multimodal.
