El cuarto día del juicio oral por presunto peculado en la remodelación del Casco Antiguo de la capital y la ampliación de la vía Domingo Díaz no llegó a celebrarse este jueves.
La juez Agueda Rentería suspendió la sesión después de que la defensa de Federico Suárez desistió de los testigos programados para esa jornada.
La juez rechazó reprogramar con otros declarantes para mantener el cronograma acordado entre las partes. La diligencia se retomará el viernes 6 de marzo.
Los testigos del miércoles
Durante la jornada del miércoles, los abogados defensores convocaron a un grupo de testigos que declararon ante Rentería. Por el estrado pasaron Oscar Ramírez, exrector de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); Esmeralda Hernández, vicerrectora de esa casa de estudios; Juan Gabriel González, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede); y Margot Fuentes, perito contable.
Los dos últimos los solicitó el abogado Rosendo Miranda, defensor de Suárez.
El denominador común de los interrogatorios fue el llamado factor multiplicador: una pieza central en la ingeniería financiera de los proyectos. La Fiscalía sostiene que esa fórmula sirvió para fijar los costos de los seguros y las garantías de las obras, y que su aplicación infló artificialmente el precio final de los contratos.
El perito y la guerra de cifras
El enfrentamiento pericial arrancó durante el segundo día de juicio. El perito Aristides Hernández, testigo de la fiscalía, evaluó el costo racional de los proyectos y concluyó que las cifras confirman sobrecostos reales en ambas obras.
Su dictamen, presentado como prueba de cargo, apuntala la tesis de la Fiscalía: el Estado pagó de más, y alguien se benefició.
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La defensa contraatacó de inmediato. Miranda cuestionó el valor probatorio del informe con un argumento de forma: dijo que Hernández lo preparó en solo 21 días y no acompañó documentación de soporte suficiente.
“Esta afirmación que él hace es totalmente falaz, alejada de la realidad. El testigo clave va a quedar totalmente descalificado y posiblemente investigado”, lanzó Miranda ante el tribunal.
Los nueve acusados
Junto a Frederico Suárez, el Ministerio Público acusa a Jorge Churro Ruiz, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. A todos se les atribuye la presunta comisión de un delito contra la administración pública.
El sobrecosto
La acusación descansa sobre auditorías de la Contraloría General de la República.
Según esos informes, la preservación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo costó $255,498,701 frente a un presupuesto inicial de $204,001,961. La diferencia: $51,496,740, un sobrecosto del 25.2% en la obra que ejecutó el consorcio integrado por la brasileña Odebrecht y la española FCC.
A esa cifra se suma el sobrecosto que la Contraloría estimó en la ampliación de la vía Domingo Díaz: $47,388,002 adicionales. En total, el Estado habría desembolsado $98,884,742 de más en ambos proyectos, según la hipótesis de la fiscal.
La fiscal superior Ruth Morcillo, lidera el equipo de la fiscalía en este caso.
