La decisión del Gobierno de José Raúl Mulino de trasladar a 29 privados de libertad al Parque Nacional Coiba encendió también las alarmas de la Defensoría del Pueblo. La entidad advirtió que la reactivación del antiguo centro penitenciario podría comprometer la condición de Patrimonio Mundial otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En un comunicado emitido este sábado 20 de junio, la Defensoría recordó que el cierre definitivo del penal fue uno de los compromisos asumidos por el Estado panameño para la protección de este territorio insular, reconocido desde 2005 como Patrimonio Mundial por su valor ecológico y su biodiversidad.
Citó la Ley 44 de 26 de julio de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba y estableció que, una vez concluido su uso como centro penitenciario, las instalaciones y terrenos pasarían a ser administrados por las autoridades ambientales y el Consejo Directivo del parque.
La norma también fijó que las personas privadas de libertad que permanecían en la isla debían ser trasladadas a otros centros penitenciarios a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, para julio de 2005.
Además, el organismo destacó que la legislación limita el desarrollo de infraestructura dentro del área protegida y únicamente permite construcciones vinculadas al ecoturismo sostenible o a actividades científicas contempladas en el Plan de Manejo del parque.
“La reapertura del Centro Penitenciario de Coiba puede comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante UNESCO”, advirtió la Defensoría.
Reconoció, sin embargo, los esfuerzos que realizan las autoridades para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública.
El pronunciamiento surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores sobre el traslado de reclusos a la isla. Incluso, miembros del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba han solicitado información oficial sobre el alcance de la medida y las condiciones bajo las cuales se ejecutó.
La Defensoría también recordó que el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, conforme a la legislación penitenciaria panameña y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela.
El traslado de detenidos a Coiba reabre un debate que parecía superado desde hace dos décadas: el uso de una de las áreas protegidas más importantes del país para fines penitenciarios.
