El Ministerio Público (MP) recibió entre enero de 2023 y septiembre de 2025 un total de 21,447 denuncias por delitos sexuales en todo el país, de las cuales el 92% de las víctimas son mujeres, con un alto porcentaje de menores de edad afectadas.
Armando Javier Prado Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Sexuales (Conapredes), informó que las provincias con mayor incidencia de estos delitos son Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.
Procurador Luis Carlos Gomez habla del aumento de los casos de delitos sexuales.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/Qk2v7StOfS
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 23, 2025
Los datos del MP revelan que en la provincia de Panamá se registraron 4,686 denuncias, en Panamá Oeste 2,732, en Bocas del Toro 2,444, en Chiriquí 3,092 y en la comarca Ngäbe Buglé 1,899 denuncias.
Hay que recordar que, por ejemplo, la provincia de Panamá (1.4 millones de personas) tiene más de diez veces la población de la comarca Ngäbe Buglé (unos 212 mil habitantes).
Se explicó que la alta incidencia de estos delitos en la comarca Ngäbe Buglé exige gestiones urgentes de diagnóstico que permitan reducir su comisión.
Las estadísticas indican que el 78% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y que, en la mayoría de los casos, los agresores son personas cercanas a ellos.
Por su parte, la fiscal de Delitos Sexuales, Janeth Rovetto, recomendó a los padres y madres estar atentos a los cambios de conducta en sus hijos, que pueden ser indicadores de que estén siendo víctimas de un delito sexual.
Rovetto, quien participó como panelista en el lanzamiento de la campaña “Ya No Más” para la prevención de la explotación sexual, explicó que los menores de edad víctimas de agresiones sexuales suelen asumir la culpa de los ataques y comienzan a mostrar comportamientos inusuales.
La funcionaria detalló que, en estos casos, resulta muy difícil romper el silencio de las víctimas debido al temor al estigma social, agravado por la exposición en redes sociales.
En estas situaciones —reconoció—, el abordaje debe realizarse a través de especialistas que orienten tanto a la víctima como a sus familiares sobre cómo manejar estas circunstancias.
Por su parte, el fiscal especializado en Delitos contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, advirtió sobre la vinculación del crimen organizado con actividades de trata y explotación sexual, así como sobre el uso de redes sociales para la difusión de pornografía infantil.
Márquez señaló que el crimen organizado mueve millones de dólares a través de actividades relacionadas con la explotación sexual y la difusión de pornografía infantil.
En tanto, el procurador Luis Carlos Gómez detalló que la mayoría de las víctimas de agresiones sexuales se encuentra en el rango de 14 a 16 años de edad.
Gómez aseguró que el Ministerio Público requiere la contribución de todos sus funcionarios, los brazos auxiliares y la ciudadanía para enfrentar estos delitos que causan un grave daño a las víctimas. El jefe del MP hizo un llamado nacional para establecer una alianza que permita enfrentar y denunciar estas conductas, que afectan en su mayor parte a la población joven del país.
El 24 de junio de 2025, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 474, que modifica y adiciona artículos al Código Penal y al Código Procesal Penal. Entre los artículos ajustados se encuentran el 174, 175, 176 y 177, con penas más severas para distintos tipos de agresiones sexuales.
La nueva ley establece que el agresor puede ser condenado a 7 a 12 años de prisión si obtiene acceso carnal mediante violencia o intimidación (antes era de 5 a 10 años).
En los casos en que la víctima sea un menor de 14 años, tenga alguna discapacidad, no pueda consentir el acto o se encuentre bajo abuso de poder o confianza, la pena será de 12 a 18 años, en lugar de los 10 a 15 años anteriores.
Asimismo, se elevan las penas por actos libidinosos, que ahora se sancionan con 2 a 4 años de prisión. La condena podrá aumentar a 4 a 8 años si hay violencia, intimidación, si la víctima es menor de 14 años o si el agresor es un familiar cercano, ministro de culto, cuidador o tutor.
