Una demanda de nulidad contra la facultad que le permite a la Contraloría General de la República aplicar la figura de licencia sin sueldo por investigación a funcionarios públicos fue presentada este miércoles ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia por el diputado Ernesto Cedeño.
El recurso presentado por Cedeño precisa que la Contraloría no puede enviar a un funcionario a licencia sin sueldo por investigación, ya que dicha figura no existe en el ordenamiento legal vigente.
La demanda de Cedeño objeta un fragmento del Decreto N. 90-20- DNM y SC de 2 de diciembre de 2019, que introduce la denominada licencia sin sueldo por investigación.
A través del citado decreto, la Contraloría estableció un procedimiento para el trámite y fiscalización de los movimientos de acciones de personal de las entidades del gobierno central, descentralizadas y empresas públicas adscritas al sistema de planilla y descuento.
Según Cedeño, la denominada asignación de licencia sin sueldo por investigación viola varios artículos de la Ley de Carrera Administrativa y de la Ley de la Carrera Legislativa.
El recurso también detalla que la categoría de licencia sin sueldo por investigación no está contemplada ni reconocida en la ley, y que la Contraloría General de la República no tiene facultades para otorgar licencias ni enviar a funcionarios de otras dependencias a licencias de ningún tipo.
El documento también explica que la frase demandada ha permitido la suspensión material de salarios a múltiples funcionarios, entre ellos siete de la Asamblea Nacional que laboran para diputados de la coalición Vamos.
Sostiene que dicha disposición carece de fundamento legal y que desnaturaliza el sentido conceptual, jurídico, administrativo y práctico de la licencia sin sueldo, ya que esta debe ser solicitada por el servidor público.
El pasado jueves, miembros de la Asamblea Nacional se reunieron con el contralor Anel Flores en busca de un acuerdo para levantar las licencias sin sueldo por investigación aplicadas a funcionarios de la Asamblea por parte de la Contraloría.
