La Ley 429 del 18 de abril de 2024, que flexibiliza los requisitos de ingreso a la carrera legislativa y que fue aprobada por insistencia por la Asamblea Nacional (AN) dos meses y medio antes del cambio de gobierno, ha sido demandada por inconstitucionalidad.
La acción fue presentada este miércoles 8 de octubre por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), y quedó radicada en el despacho de la magistrada Miriam Cheng.
En la demanda se argumenta que la Ley 429 de 2024 viola varios principios constitucionales relacionados con el mérito y la equidad en el servicio público, al otorgar un blindaje a los nombramientos políticos dentro de la Asamblea Nacional.
La norma elimina el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo —órgano responsable de garantizar procesos de ingreso basados en méritos— y permite el acceso automático a la carrera legislativa a funcionarios con solo dos años de antigüedad, sin necesidad de concurso.
@LibertCiudadana, Capítulo Panameño de @anticorruption, presentó Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 429 de 2024.
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) October 10, 2025
Comunicado disponible en nuestro sitio web al ingresar en https://t.co/2dmDEThyFS
Según la demanda, presentada por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de TI Panamá, esta disposición viola los artículos 300 y 302 de la Constitución, al institucionalizar prácticas clientelistas y discrecionales en el Legislativo.
“Este sistema fomenta un trato desigual entre quienes ingresan bajo los principios de meritocracia y quienes no, favoreciendo un acceso arbitrario a la estabilidad laboral sin garantías de competencia profesional”, escribió De Obaldía en la demanda de inconstitucionalidad.
Además, la Ley 429 fue aprobada apenas dos semanas antes de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, lo que —según TI Panamá— evidencia un intento por asegurar la permanencia del personal nombrado por la administración saliente, sin evaluación objetiva ni transparencia.
La norma demandada surge del proyecto de ley 1080, presentado por los diputados Leandro Ávila, Javier y Félix Cook —este último suplente de Zulay Rodríguez—, todos del entonces gobernante PRD.
Laurentino Cortizo, presidente en ese momento, vetó el proyecto el 6 de diciembre de 2023, advirtiendo que violaba al menos cinco artículos de la Constitución.
El 31 de enero de 2024, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, presidida por Ávila (uno de los proponentes del proyecto 1080), insistió en discutir la propuesta objetada.
Dada la renuencia del Ejecutivo, el diputado Jaime Vargas, entonces presidente de la AN, sancionó y promulgó la ahora demandada Ley 429.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), elaborado por TI, ya había evidenciado el predominio del clientelismo en las planillas y contratos legislativos. El informe destacó graves deficiencias, como la falta de concursos públicos, la escasa publicación de gastos, la ausencia de auditorías y un marcado uso clientelista de planillas y contratos. También reflejó la profunda crisis de confianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional, que registra solo un 16 % de aprobación pública.
Según el presidente de la AN, Jorge Herrera, en la partida 001 había 3,090 funcionarios nombrados al 1 de julio de 2025, cuando asumió el cargo; ahora hay 3,047.
En la planilla 002, en tanto, había 1,661 funcionarios y ahora hay 1,141.
Herrera ha expresado la dificultad que afronta para disminuir la planilla legislativa, ya que la mayoría del personal es de “carrera”.
