La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 11 exrepresentantes de corregimiento y 9 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización del Programa de Interés Social (PDIS).
Un informe del Ministerio Público detalla que la fiscalía aún tiene por ubicar a unos 50 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.
Entre el 20 y el 25 de agosto se deberán efectuar varias audiencias ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, en las que la fiscalía busca mantener la detención preventiva de los exrepresentantes de Burunga, Antonio Atencio, y del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Isaac Figueroa.
El próximo 20, el Tribunal de Apelaciones también celebrará una audiencia de apelación solicitada por la fiscalía, en la que se pide decretar la detención provisional del representante de Pacora, Hugo Henríquez, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Henríquez fue imputado por el delito de peculado, pero el juez de garantías le aplicó la medida cautelar de reporte periódico dos veces a la semana. Sin embargo, la fiscalía insiste en que la detención preventiva es la medida más adecuada en este caso para evitar la destrucción de pruebas.
Aún el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) deben practicar allanamiento e inspecciones oculares en juntas comunales y alcaldías, en busca de evidencias relacionadas con el uso dado a los fondos del PDIS.
El pasado 20 de julio la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.
La fiscalía realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.
La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas desarrollados a través de la descentralización, que a la fecha han arrojado una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.
La evidencia recogida hasta ahora por la Contraloría y el Ministerio Público reflejan fluctuaciones en el manejo de los fondos de la descentralización dependiendo de la ubicación de las juntas comunales. En algunas juntas comunales se han detectado irregularidades que van de los $300 mil a los $800 mil.
La Autoridad Nacional de Descentralización fue creada mediante la Ley 66 de 2015, que reformó la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la Administración Pública. Esta entidad se estableció para garantizar la transferencia de recursos a los gobiernos locales y la coordinación con el gobierno central.
