Pasaron cinco meses para que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada pudiera concluir la presentación de sus argumentos para llamar a juicio a 16 personas, en el caso conocido como New Business, proceso que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. (Epasa) con supuestos fondos públicos.
La audiencia de esta pesquisa se retomó ayer lunes 4 de julio, y fue la continuación del acto suspendido el pasado 27 de enero de este año, día en el que la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), uno de los imputados, mostró documentos del Tribunal Electoral donde se afirmaba que tenía fuero electoral penal.
Esto ocasionó que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, separara el caso de Martinelli del resto de los investigados, hasta que se resolviera el tema de su aforamiento.
La ruptura procesal también alcanzó a los hermanos David y Daniel Ochy, pero en su caso es debido a que no fueron notificados a tiempo de la audiencia.
Gladys Quintero y Alfonso Núñez, abogados de algunos de los procesados, le preguntaron a la jueza Marquínez por su decisión de continuar con la audiencia preliminar, pese a que la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolver la apelación a un amparo de garantías que podría declarar la nulidad de todo lo adelantado en el caso. La jueza respondió que esas incidencias se resolverán al final del proceso, por lo que la audiencia sigue.
El esquema El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Uris Vargas, planteó durante la audiencia que la compra de Epasa se gestó a través de una intrincada red de sociedades anónimas que recibieron dinero provenientes de empresas; que, a su vez, recibieron contratos para obras de infraestructura en el gobierno (2009-2014). Parte de esos fondos fueron a parar a una sociedad canasta: New Business.
Vargas relató que durante la investigación se logró contar con el testimonio de varios colaboradores. Uno de ellos narró que durante una reunión, un alto funcionario de la Presidencia de la República, era el que coordinaba los cobros de las coimas y adelantos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dinero que luego se desviaba hacia la sociedad New Business.
Este colaborador añadió que el alto funcionario presionaba a los empresarios para colaborar con la entrega de fondos para la adquisición de Epasa.
Dijo que entre estas sociedades figuraron: Transcaribe Trading (TCT), Excavaciones del Istmo, Financial Pacific, Constructora Corcione, Condote Panamá y Asociados, entre otros.
Relató que Gonzalo Gómez Wong, último beneficiario de Excavaciones del Istmo, entregó un aporte de $2 millones y que para ello adquirió un préstamo de factoring que se le canceló a través de un contrato con el Estado por $27 millones para la realización de obras en Panamá Oeste.
El fiscal también mencionó los nombres de David Cohen, y Salomón Btesh, empresarios que hicieron un aporte de $3 millones. Estos, dijo, aparecen en sociedades que recibieron contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.
Corte también verá caso New Business
El pasado 19 de junio se hizo público un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia, que al resolver un amparo de garantías presentado por la defensa de Daniel Ochy ordenó al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales anular todo lo actuado durante la audiencia preliminar del pasado 27 de enero. Sin embargo, el fiscal Emeldo Márquez apeló esa decisión, que ahora deberá ser resuelta por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que, de ser confirmado, dejaría sin efecto todo lo actuado.
El fiscal Vargas también hizo referencia a una declaración que dio el comerciante Gabriel Btesh, quien confesó haber recibido fondos de David Ochy, uno de los propietarios de la empresa TCT, para gestionar la compra del conglomerado de medios de comunicación. Incluso, dijo que esas instrucciones se las dieron por escrito.
También explicó que los aportes que hizo TCT procedían de dinero que le fue entregado a través del contrato para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera. Recordó que una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público da cuenta de que en este proyecto hubo una lesión patrimonial de $7.9 millones.
Otra de las empresas presuntamente vinculadas al esquema fue MDM Latin Corp, ligada a Marcos Acrich.
El fiscal explicó que esa sociedad, sin tener una relación comercial clara con New Business, le realizó varios depósitos.
Según el fiscal Vargas, empresarios ligados a compañías que realizaron obras de construcción para la Caja de Seguro Social, también fueron presionados para entregar dinero.
Esto, explicó, quedó reflejado en las declaraciones de Eugenio Del Barrio, de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Refutan cargos
El abogado Alfonso Núñez, abogado de Pía María Tolomei, e Isabel Tolomei, aseguró que en este caso la fiscalía debió presentar al tribunal el delito precedente al blanqueo de capitales, pues durante su intervención el fiscal no hizo alusión a la existencia de una condena “por delito alguno”, de donde se desprenda la procedencia del dinero. Por eso, le solicitó al tribunal que dicte un sobreseimiento definitivo para todos los imputados.
En tanto, la abogada Gladys Quintero reiteró que el tribunal se apresuró al realizar la audiencia, ya que la Corte debe resolver recursos relacionados al proceso que podrían ocasionar la nulidad de la investigación.
