Por supuestas anomalías en el primer contrato para la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), el Ministerio Público imputó cargos al comerciante Javier Pariente y al abogado Amado Arjona por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Una fuente judicial informó que Pariente se encuentra en Estados Unidos, aunque sus abogados han acudido a la fiscalía. Arjona está en Panamá.
AUDITORÍA
La Fiscalía Primera Anticorrupción formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al comerciante Javier Pariente y al abogado Amado Arjona Duque, como parte de la investigación que adelanta sobre supuestas anomalías tras la ejecución en 2010 del primer contrato para la compraventa de comida deshidratada a través del extinto Fondo de Inversión Social, luego convertido en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social (DAS).
De acuerdo con una auditoría efectuada por la Contraloría, la mencionada transacción, concretada cuando Giacomo Tamburrelli dirigía la entidad, causó una posible lesión al Estado de $14.5 millones, el costo total del contrato.
Por este proceso, Tamburrelli tiene medida cautelar de casa por cárcel, mientras que por la investigación que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción por presuntas irregularidades en la ejecución del segundo contrato, de $44.9 millones, impedimento de salida del país.
Fuentes judiciales informaron que Pariente está en Estados Unidos; mientras que Arjona, en Panamá. Una investigación divulgada por este medio en agosto de 2015 reveló que Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, empresa del expresidente Ricardo Martinelli, era considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada.
Arjona, a su vez, obtuvo un contrato de $12 millones para supuestamente asesorar a la empresa Lerkshore International Limited –que vendió los alimentos– y otro $10 millones por supuestos honorarios en la Cadena de Frío.
La Fiscalía Segunda Anticorrupción investigó a nueve personas por el segundo contrato otorgado a la empresa Lerkshore por $44.9 millones.