Detención provisional para 8 personas por el delito de extorsión

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de la Policía Nacional, desarrolló el pasado lunes la operación “Esperanza”, en la que se logró la aprehensión de ocho personas. Fueron 16 diligencias de allanamiento efectuadas en el complejo habitacional Ciudad Esperanza de Vacamonte, Arraiján.

Detención provisional para 8 personas por el delito de extorsión
Desarticulan red de extorsión en Arraiján durante la Operación Esperanza. Foto/Archivo

En una audiencia de solicitudes múltiples, se legalizó la aprehensión, imputación de cargos y la medida de detención provisional para ocho hombres capturados en la operación “Esperanza” por la presunta comisión del delito contra la libertad individual, en la modalidad de extorsión.

Según las investigaciones, estas personas habrían extorsionado a las víctimas entre 2023 y 2024, amenazándolas de muerte mientras portaban armas de fuego y armas blancas para que desalojaran los apartamentos en el complejo habitacional Ciudad Esperanza, Arraiján (Panamá Oeste) con el objetivo de apropiarse de los mismos.

Además, exigían a los transportistas el pago de una cuota de 6 dólares diarios, cobrada los miércoles y sábados, a cambio de permitirles circular libremente.

Los detenidos fueron capturados en las primeras horas del pasado lunes, durante una operación que incluyó 16 diligencias de allanamiento en Ciudad Esperanza, Vacamonte, Arraiján.

Detención provisional para 8 personas por el delito de extorsión
Durante el operativo, se decomisaron equipos tecnológicos, presuntas sustancias ilícitas y radios de comunicación. Foto/Cortesía

El fiscal Jorge Rovira presentó pruebas como declaraciones de las víctimas, testigos protegidos y reconocimientos, así como informes de la Dirección de Investigación Judicial y registros bancarios de depósitos hechos por las víctimas a través de la plataforma Yappy. Estos pagos eran realizados tras recibir amenazas para poder circular en el área de Altos del Tecal, en el corregimiento de Vacamonte.

Tras escuchar los argumentos del fiscal Rovira, la juez de garantías Irma Palacios concluyó que el delito investigado es de naturaleza grave, ya que afecta derechos fundamentales como el libre tránsito, el derecho al domicilio y el derecho al trabajo de las víctimas.

La defensa solicitó una audiencia de apelación, la cual fue fijada para el 18 de noviembre próximo.


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