El panameño Javier Vargas, sobre quien pesan 121 denuncias por presuntas estafas y blanqueo de capitales, fue detenido en Bogotá, Colombia, luego de que se detectara que mantenía cuatro alertas rojas para su búsqueda, captura y extradición a Panamá.
Según los reportes policiales, su aprehensión se produjo tras una orden de captura emitida por el Ministerio Público de Panamá, basada en múltiples denuncias por la supuesta comisión del delito de estafa mediante la compraventa de automóviles.
Las investigaciones señalan que las estafas se habrían cometido a través de la empresa CVT Express, dedicada a la venta de vehículos, con 17 sucursales distribuidas en todo el país.
Entre 2018 y 2020, Vargas habría utilizado esta empresa como fachada para negociar con más de 100 personas, quienes entregaron considerables sumas de dinero por vehículos que nunca recibieron ni les fueron reembolsados.
El modus operandi consistía en prometer la compra de autos en el extranjero y exigir a los interesados un adelanto económico significativo. Sin embargo, los vehículos no eran entregados, y Vargas posteriormente dejaba de responder las llamadas de los afectados.
En acciones operativas @INTERPOL_HQ y @PoliciaColombia aprehendieron a Javier Vargas, uno de “Los Más Buscados” por blanqueo de capitales y estafa agravada, con una lesión económica superior al millón de dólares. Utilizaba la empresa CVT Express para la venta de autos importados. pic.twitter.com/6zdjU6rmUt
— Policía Nacional (@policiadepanama) May 13, 2025
Además, se comprobó que algunos automóviles eran vendidos a más de una persona simultáneamente, y que se implementaron prácticas de blanqueo de capitales para ocultar la procedencia del dinero ilícito. Parte de los fondos obtenidos fueron transferidos a terceras personas que fungían como testaferros dentro del esquema fraudulento.
El Ministerio Público y la Policía Nacional han alertado a la ciudadanía sobre la existencia de redes criminales dedicadas al fraude mediante la venta de autos, productos tecnológicos y servicios a través de internet y redes sociales.
Estas organizaciones incluso crean empresas de fachada para simular operaciones legítimas y, una vez obtenido el dinero, cambian de ubicación o de contactos para evadir la acción de la justicia.
