La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia emitió en la última semana de octubre otros 12 fallos en los que se condena al Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS), a pagar indemnizaciones a personas afectadas o a familiares de fallecidos a causa del consumo del tóxico dietilenglicol en jarabes producidos por su extinto laboratorio entre 2004 y 2006.
Los fallos fueron comunicados a las partes a través de los edictos 2921, 2920, 2919, 2916, 2906 2904, 2900, 2899, 2898, 2897, 2896 y 2895, que fueron colgados en el tablero de la secretaría de la Sala Tercera de la Corte. De los 12 fallos, una indemnización es por $150 mil y el resto por $25 mil.
Las decisiones judiciales, que llevan la firma de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, fueron enviadas a la Caja de Seguro Social para su debida notificación y que se comience el proceso para su ejecución.
Uno de los fallos dados a conocer corresponde al proceso de Olga Mackay Cervantes de Falcón (fallecida), en el que se condena a la CSS al pago de $150 mil en concepto de indemnización por “falta de seguridad en las medicinas fabricadas en el Laboratorio de Producción de Medicamentos”, cuyo cierre fue ordenado en 2006, poco después del estallido de la crisis.
Asimismo, se establece que la CSS deberá presentar disculpas públicas por escrito a los herederos de la señora MacKay.
Otro de los fallos es el relativo a Margarita Hernández Fernández (fallecida), en el que se sanciona al pago de una indemnización de $25 mil y a ofrecer disculpas a sus familiares.
En los mismos términos se expidieron los fallos para que la CSS indemnice con $25 mil a los herederos de Carolina Elvira Serracín (fallecida) y los familiares de Antonio Torres Flores (fallecido).
#ComunicadosCSS | Disculpas públicas de la Caja de Seguro Social a las víctimas del dietilenglicol y sus familias.
— CSSPanama (@CSSPanama) October 23, 2026
Hay dolores que el tiempo no borra. Hay ausencias que los años no llenan. Y hay heridas que una institución tiene la obligación moral de no olvidar jamás.
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También se dieron fallos por afectaciones a la salud de Gisela Teresa Díaz Natalio, Yaslym del Carmen Pérez Flores, Norma Elena Trinquete Batista, Aimme Yannet Guerrero de Ruíz, Teresita María Valderrama de Gálvez, Marlenis Franco González, Italia Marrone Rodríguez y Ricardo Marshall Morrillo, en los que también se sanciona a la CSS al pago de una indemnización de $25 mil.
Con estos fallos se elevan a 75 las demandas resueltas, de un total de 472 que la Corte Suprema mantiene en proceso y que fueron presentadas por personas afectadas por el consumo de las medicinas contaminadas, una de las crisis de salud pública más graves que ha debido afrontar el Estado panameño en su historia, y que dejó como saldo 1,500 personas afectadas y unas 800 fallecidas.
El pasado mes de octubre, cuando se cumplieron 20 años de haberse detectado los primeros casos de intoxicación, la CSS pidió disculpas públicas, tal como lo establecen todos los fallos emitidos hasta la fecha, en los que se ordena a esa entidad indemnizar a las víctimas y reconocer el mal funcionamiento del Laboratorio de Producción de Medicamentos.
En el comunicado, que lleva la firma del director general de la CSS, Dino Mon y que fue expedido el 23 de octubre, se pide perdón por las vidas perdidas, por la salud quebrantada y por el sufrimiento que la tragedia llevó a tantos hogares panameños.
Las víctimas y los familiares de las personas afectadas por el tóxico demandaron al Estado por considerarlo responsable de la negligencia en que incurrió la CSS en el proceso de compra, elaboración y control de calidad de los medicamentos que fueron entregados a pacientes que buscaban mejorar su estado de salud.
Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, que aglutina a parte de las víctimas y familiares de personas afectadas, han señalado que los montos de las indemnizaciones no alcanzan siquiera a cubrir los gastos de tratamiento, medicinas y cuidados que requieren algunos de los pacientes que tomaron los jarabes contaminados.
