Una denuncia por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y usurpación fue presentada contra el contralor Anel Flores por un grupo de diputados de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional, tras la suspensión del pago a 40 colaboradores que han sido enviados de licencia sin haberlo solicitado.
La denuncia, interpuesta en representación de un grupo de funcionarios —en su mayoría adscritos a despachos de estos diputados—, señala que la Contraloría General de la República los colocó en condición de “licencia sin sueldo” sin mediar solicitud previa.
El diputado Roberto Zúñiga sostuvo que las actuaciones del contralor son ilegales y constituyen un abuso de poder. Aseguró, además, que la medida busca presionar a los diputados de la bancada Vamos por su postura crítica frente a la gestión de Flores.
Por su parte, la diputada Janine Prado afirmó que las acciones del contralor representan una violación a los derechos de los funcionarios afectados, y señaló que esta situación ocurre con la anuencia del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.
El documento recalca que el contralor habría incurrido en un acto arbitrario, al no tener competencia para declarar en licencia sin sueldo a funcionarios del Órgano Legislativo. Según los denunciantes, esta decisión les ha ocasionado perjuicios al privarlos de sus salarios y demás prestaciones laborales.
Diputados de Vamos presentan denuncia contra el contralor Anel Flores.
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026
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Entre las pruebas aportadas figura una nota de la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea, en la que se indica que los funcionarios no han presentado solicitudes de licencia conforme a lo establecido en la Ley 12 de 1998, que regula la Carrera del Servicio Legislativo.
Asimismo, se cita la Resolución 178 del 30 de junio de 2010, que establece el procedimiento para solicitar licencias sin sueldo, el cual requiere que el funcionario presente su solicitud con al menos 30 días de anticipación al presidente de la Asamblea y notifique a su jefe inmediato, trámites que, según la denuncia, no fueron cumplidos.
Por último, los denunciantes alegan que el contralor incurrió en falsedad ideológica al supuestamente generar solicitudes de licencia sin sueldo y resoluciones que las aprueban sin el consentimiento de los funcionarios.
El pasado 23 de abril la abogada Martita Cornejo, quien labora en el despacho de la diputada Aexandra Brenes, presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Contraloría General de la República de colocar a un grupo de funcionarios de la Asamblea Nacional en licencia sin sueldo por investigación.
Cornejo alega que el decreto en el que la Contraloría fundamenta su decisión no tiene asidero legal y que el contralor Anel Flores no tiene competencia para modificar el estatus laboral de un servidor público de la Asamblea.
La medida de la Contraloría contra los colaboradores de la bancada Vamos surgió en medio de la discusión del proyecto de ley 443 que reafirma el uso del etanol obligatorio en el país. No obstante, el debate del proyecto se suspendió el pasado lunes.
La mayoría de los diputados de Vamos exteriorizó su rechazo al proyecto de ley. Algunos de ellos incluso han dicho que se trata de un negocio en el que participaría la familia del contralor, propietaria de uno de los cuatro ingenios azucareros integrados en producir el aditivo.
Los diputados han sido duros críticos con la gestión del contralor Flores, por hechos como su irrupción en una diligencia del Ministerio Público relacionada con un caso de supuesto enriquecimiento injustificado que se le sigue al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
Los diputados de Vamos y Flores tenían pactada una reunión el pasado lunes en la Contraloría General de la República, pero este último canceló la convocatoria a último momento.
