Un total de siete miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), aprehendidos en la provincia de Chiriquí a raíz de las protestas contra la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), enfrentan una audiencia de imputación por la presunta comisión de atentar contra la personalidad interna del Estado, como promover desordenes o atentar contra la autoridad.
Entre los procesados se encuentra el dirigente Jaime Caballero, además de otros miembros del sindicato: Carlos Villarreal, Johnny Acosta, Roberto De Gracia, Juan Rodríguez, Alexander Chavarría y Max González.
Antonio Vargas, del equipo legal del Suntracs, explicó que los obreros fueron aprehendidos durante las manifestaciones realizadas en la provincia de Chiriquí, el martes 13 de mayo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la audiencia de imputación se encuentra en desarrollo y que las partes presentan sus alegaciones.
En tanto, en la tarde del martes, se le imputó cargos y se ordenó la detención de Julián Caballero Jiménez, por atentar contra la personalidad interna del Estado.
Caballero Jiménez, un exmiembro de la Policía, fue aprehendido en un operativo policial realizado en la comarca Ngäbe Buglé, en el que se le decomisó un arma de fuego.
En este caso, el Ministerio Público mantiene una investigación por la posible relación con residentes de la comarca, que cierran las vías y atacan a miembros de la Policía, mientras protestan por la derogación de la ley que reformó el sistema pensional en Panamá.
Mientras que en Penonomé, provincia de Coclé, fue detenido el lunes 12 de mayo el dirigente sindical Ariel Sanjur, durante la jornada de protesta.
Se informó que Sanjur fue llevado al Hospital Aquilino Tejeira, tras sufrir lesiones durante el arresto.
Unos 17 dirigentes de gremios docentes, aprehendidos en la ciudad de Panamá el martes 13 de mayo, fueron liberados y deberán comparecer ante un juez de paz.
Abogados del Suntracs también anunciaron que en la tarde de hoy acudirán al Ministerio Público para denunciar a oficiales de la Policía Nacional por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza en perjuicio de los manifestantes detenidos.
