Desde enero de 2022, el Tribunal de Cuentas tiene en sus manos la vista fiscal, con pedido de llamamiento a juicio, para los implicados en el caso de la compensación irregular de los buses conocidos como “diablos rojos”.
Fuentes ligadas al proceso revelaron que en este caso la Fiscalía de Cuentas solicitó juicio para 300 personas naturales y 24 jurídicas, entre las que se encuentran los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT): Jorge Ricardo Fábrega, Juan Pablo Mora, Roberto Moreno Olivares y Ventura Euribiades Vega.
La investigación, realizada por la fiscal Waleska Hormechea, abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, Coclé y Darién. El Tribunal de Cuentas está integrado por Álvaro Visuetti, Rainier Del Rosario y Alberto Cigarruista.
La investigación de la fiscalía se sustenta en una auditoría de la Contraloría General de la República, en la cual se determinó que, de los 590 cupos revisados, en 70 de ellos no se registran pagos. Mientras que, de los 520 restantes que fueron indemnizados, 462 tenían retrasos en los pagos de placa de circulación e irregularidades por reasignación de los certificados de operación.
En la investigación se estableció que siete funcionarios de la ATTT fueron los encargados de tramitar las compensaciones a organizaciones transportistas y propietarios de buses que recibieron pagos por un monto de $24 millones.
En tanto, en la jurisdicción penal, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la absolución de los cuatro exdirectores de la ATTT y el llamamiento a juicio de 164 personas. Mientras que el querellante, que representa a la ATTT, solicitó un veredicto absolutorio para todos los implicados en este caso. Este juicio se celebra actualmente en el Centro de Formación y Recreación (CEFRE) de la Caja de Seguro Social en Las Cumbres.
También varios de los abogados defensores han planteado al tribunal dictar un fallo absolutorio para los investigados, argumentando que no existió la comisión de delito alguno y no hubo una lesión patrimonial.
Este caso consta de 710 tomos, en los que 12 imputados se encuentran en rebeldía. Además, se presentaron dos advertencias de inconstitucionalidad, las cuales el Juzgado Primero Liquidador rechazó alegando que incumplían los requerimientos legales.
