La violencia doméstica continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia en Panamá, superando a otros como el robo, el fraude o el hurto. Entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 16,025 casos en todo el país, según cifras del Ministerio Público (MP).
El artículo 200 del Código Penal establece que quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de cinco a ocho años y deberá recibir tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o privado con atención especializada, siempre que la conducta no constituya un delito con pena mayor.
Las estadísticas muestran que en el 90% de los casos las víctimas son mujeres, niñas o niños que conviven con una persona violenta, la cual suele agredirlos verbal o físicamente de forma cotidiana. Aunque el MP reporta una reducción del 2.43% respecto a 2024, especialistas advierten que el número sigue siendo alarmante, pues muchas víctimas no denuncian y sufren en silencio.
En los últimos cuatro años, las denuncias se han mantenido entre 16 mil y 17 mil casos, con variaciones mínimas. Gilma González, de la Red de Mujeres, advirtió que en algunos casos la violencia doméstica termina en tragedia, cobrando vidas y afectando profundamente a todo el entorno familiar: hijos, madres y padres.
En lo que va de 2025 se han registrado 12 femicidios, cinco menos que en 2024, cuando se contabilizaron 17 casos. En 2023 también se registraron 12, mientras que 2022 fue el año con mayor número, con 19 femicidios.
Gilma González explicó que muchos de estos crímenes son el resultado de meses o años de abuso y maltrato que finalmente desembocan en la tragedia. Señaló que en varios casos las víctimas habían acudido a las autoridades y recibido boletas de protección que no lograron garantizar su seguridad.
¿El brazalete electrónico será un freno para los abusadores?
Esa es la pregunta que plantea la abogada Gilma De León, reconocida activista contra la violencia hacia las mujeres. Considera que el brazalete electrónico podría ser una herramienta efectiva para impedir que los agresores se acerquen a sus víctimas, siempre que exista un sistema de monitoreo eficiente y una respuesta policial inmediata.
Sin embargo, De León expresó dudas sobre su aplicación en Panamá, pues requiere que el equipo funcione correctamente y que las autoridades actúen con rapidez ante cualquier alerta. Este sistema es dual: incluye un dispositivo para el agresor y otro para la víctima, ambos conectados a un centro de monitoreo permanente. El brazalete, colocado en el tobillo del presunto agresor, contiene un GPS que transmite su ubicación en tiempo real.
Previamente, un juez establece un anillo de seguridad o perímetro de restricción, generalmente de 200 metros, alrededor de la víctima, su residencia, lugar de trabajo o estudio. La víctima recibe un dispositivo receptor o una aplicación móvil que se comunica directamente con el brazalete del agresor.
Si el agresor cruza el límite de la zona de restricción, el dispositivo de la víctima se activa de inmediato y el Centro de Monitoreo y Localización recibe una alerta automática. Una vez detectada la violación del perímetro, el centro contacta de forma expedita a las unidades de la Policía Nacional del sector, para que intervengan de manera inmediata en la ubicación de la víctima.
Según Gilma De León, esta última parte representa el punto más débil del sistema, ya que no existen garantías de una reacción policial inmediata, debido a que las unidades pueden estar cumpliendo otras tareas de seguridad. Además, advirtió que replicar este sistema en todas las provincias y comarcas implicaría altos costos económicos y requeriría personal de monitoreo las 24 horas.
A su juicio, es indispensable un equipo multidisciplinario que evalúe el perfil de los agresores que deben ser monitoreados, ya que la aplicación del sistema demanda la intervención de diversos expertos. De León subrayó que el Estado debe priorizar los casos que implican riesgo de vida y asignar los recursos necesarios para implementar el programa de forma acelerada, especialmente en zonas con alta incidencia de violencia doméstica.
El proyecto en Panamá
El 22 de marzo de 2024 se aplicó, como plan piloto, el primer dispositivo de monitoreo electrónico (brazalete electrónico) como medida de protección a víctimas de violencia doméstica, de género y delitos sexuales. La iniciativa surgió de un acuerdo interinstitucional entre la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de establecer un sistema nacional de monitoreo.
Sin embargo, la implementación masiva ha enfrentado dificultades logísticas y contractuales. En la primera fase de pruebas se colocaron 200 brazaletes, pero los resultados de efectividad en casos de violencia doméstica o abuso sexual aún no han sido publicados.
Los brazaletes también pueden ser utilizados en personas privadas de libertad que padecen enfermedades graves o de edad avanzada y requieren atención médica.
Inicialmente, el Ministerio de Gobierno y Justicia realizó una contratación directa para el suministro y operación de 2,000 brazaletes electrónicos con la empresa Sprintico Corp, por un monto de $37 millones. No obstante, la gestión fue suspendida tras comprobarse que la empresa prestaba el servicio en fase de prueba sin contrato formal con el Estado, lo que llevó a la decisión de convocar una licitación pública para regularizar el servicio.
