Los acuerdos de colaboración entre la justicia de los países afectados por la corrupción de Odebrecht –y otras empresas brasileñas– involucradas en la operación Lava Jato fueron determinantes para recibir información de Brasil y de la misma empresa para ayudar a esclarecer los hechos en cada país y perseguir judicialmente a los funcionarios que recibieron sobornos de esta compañía.
En la mayoría de los casos, esa información es de carácter privilegiado, es decir, no es de acceso público, dado que, usualmente los colaboradores –testigos y empleados de Odebrecht que accedieron a firmarlos– expresamente solicitaron que no se hicieran públicos por temor a potenciales amenazas a sus vidas o por el riesgo de represalias de parte de sus cómplices.
En el caso de Panamá, el Ministerio Público firmó en 2017 varios acuerdos con Odebrecht, así como con el exsuperintendente en Panamá André Rabello y, al menos, tres operadores financieros del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2, quienes se comprometieron a brindar la información que solicitara Panamá.
Esos acuerdos no se han divulgado, salvo por notas periodísticas que han descrito sus contenidos después de haber sido solicitados a través de la Ley de Transparencia, pero tampoco fueron divulgados todos.
Perú, Panamá, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, entre otros países, firmaron acuerdos de colaboración con la empresa y sus colaboradores.
La Prensa ha tenido acceso a uno de esos acuerdos y sus adendas, que corresponde al que se firmó en Ecuador. En este acuerdo de colaboración en particular, se pactaron los términos y condiciones que regularían los acuerdos, incluyendo medidas de protección para los colaboradores eficaces.
La Prensa publica el acuerdo y sus adendas, obtenido de fuentes confiables, para conocimiento del lector interesado.
