El magistrado Carlos Vásquez es el ponente de una advertencia de inconstitucionalidad presentada por el exvicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, en la que se sostiene que la jueza de garantías Oris Medina no era competente para conocer la audiencia de imputación realizada el pasado 28 de enero. Ese día, la jueza le imputó cargos por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
En dicho acto judicial, Pedro Meilán y Roberto Moreno, miembros del equipo de abogados de Carrizo, advirtieron a la jueza Medina que no era competente para conocer el caso abierto por la Fiscalía Anticorrupción contra su defendido, al considerar que, como exvicepresidente de la República, adquiere de manera automática el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que, por esta razón, su caso debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia.
Durante la audiencia, Moreno sostuvo que la Constitución establece que tanto el presidente como el vicepresidente de la República asumirán de manera automática una curul en el Parlacen, por lo que su cliente solo puede ser investigado y juzgado por la Corte.
No obstante, las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera se opusieron a la solicitud presentada por la defensa, al sostener que Carrizo no ha sido juramentado como diputado del Parlacen y, por tanto, la jueza sí podía conocer la causa.
A pesar de la presentación del citado recurso, la jueza Medina realizó la audiencia, imputó cargos y aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario a Carrizo.
Carrizo fue aprehendido el martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando retornaba de Guatemala, donde buscaba juramentarse como diputado del Parlacen.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar 1.9 millones de dólares de su patrimonio.
Según la fiscalía, Carrizo obtuvo ingresos por la suma de 7.1 millones de dólares durante su gestión. Sin embargo, tras culminar su mandato, los bienes declarados superaron los 9 millones de dólares, arrojando una diferencia de 1.9 millones de dólares.
Actualmente, Carrizo permanece recluido en su residencia de Costa del Este.
