Luego de que el contralor Anel Flores irrumpiera en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, donde auditores de la Contraloría General de la República rendían declaraciones dentro de una investigación judicial, el procurador Luis Carlos Gómez solicitó una reunión del Consejo Judicial para informar sobre lo ocurrido.
Fuentes del Órgano Judicial informaron a La Prensa que la reunión se realizará este viernes 10 de abril a las 2:00 p.m. y que han sido citados todos los miembros del organismo, incluyendo la procuradora de la Administración Grettel Villalaz, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados Maritza Cedeño, como representante de la sociedad civil Carlos Lee, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el procurador General de la Nación Luis Carlos Gómez.
La convocatoria se produjo tras los hechos registrados el pasado jueves en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, cuando un grupo de auditores de la Contraloría compareció para explicar los hallazgos de la auditoría al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
¿Qué hace el Consejo Judicial?
El Consejo Judicial reúne a autoridades del sistema judicial, representantes de la Procuraduría, la sociedad civil y colegios profesionales, y coordina directamente asuntos relacionados con la administración de justicia y la independencia judicial.
Este organismo analiza situaciones que pueden afectar la autonomía de jueces y fiscales, garantiza que las decisiones y las investigaciones se realicen con transparencia, legalidad y respeto al debido proceso, y actúa como foro para evaluar posibles extralimitaciones de autoridades.
En casos como la irrupción del contralor en diligencias de la Fiscalía, el Consejo Judicial determina cómo proteger la institucionalidad y la autonomía del Ministerio Público.
La investigación a Carrizo
Carrizo está imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado y en este momento mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El exvicepresidente fue aprehendido el pasado 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala. Posteriormente, la jueza de garantías Oris Medina le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado y ordenó arresto domiciliario.
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