Un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés) al proyecto de implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá, revela que aunque en términos generales el nuevo sistema de administración de justicia funciona bastante bien, hay aspectos que se deben corregir.
Entre ellos, la resistencia del usuario al sistema de métodos de resolución alterna de conflictos, lo que según el documento, genera demora en la resolución de algunos casos. En el informe de la Unodc se sugiere la necesidad de sensibilizar a la comunidad en ese sentido. También destaca que existe una opinión generalizada entre los operadores de la administración de justicia de que hay mucho trabajo (el SPA) por hacer para mejorar la percepción de la ciudadanía. “El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los derechos fundamentales, sin dejar a nadie atrás, pero estos no fueron incorporados en el diseño del marco lógico para su implementación de manera efectiva”, manifiesta el informe.
Cifras estadísticas del Órgano Judicial (OJ) revelan que en el año 2021 se realizaron 6 mil 64 sesiones de mediación extrajudicial, pero que solo 2 mil 649 alcanzaron algún tipo de acuerdo.
Sin información
Además precisa que no se pudo obtener información sobre igualdad de género, derechos humanos ni de acceso a la justicia de las personas con discapacidad y la comunidad LGTBIQ+. Esto, de acuerdo con la investigación, demuestra la necesidad de capacitar al personal para lograr mejoras en estas áreas del sistema de administración de justicia. También añaden que este hecho limitó que se recolectaran datos específicos sobre estos grupos de personas y el sistema de justicia.
Plantea que se observaron capacitaciones sobre la violencia de género, en la que se abordaron materias como los estereotipos, pero no entrenamiento específico sobre igualdad de género o perspectiva de género en la impartición de la justicia, como herramienta que detecta estereotipos y prejuicios adoptados por educación o entorno cultural.
Así mismo, detalla que la revisión de los modelos de gestión tampoco incorporó esta perspectiva, ni en su enfoque, ni en su lenguaje.
Cita que en la provincia de Chiriquí, se detectó que en cuanto a la atención de las víctimas del delito, hay algunos elementos que requieren especial atención para garantizar la seguridad de las mismas, especialmente las más vulnerables. El documento pone como ejemplo el funcionamiento de la Cámara de Gesell (usada en los caso de abuso sexual) y las salas de cristal de atención a víctimas. En esta parte el informe dice que se requiere de un mayor control para garantizar la confidencialidad y seguridad.
En cuanto a la justicia en comunidades en situación de vulnerabilidad, la investigación reconoce que la construcción de los juzgados en áreas indígenas brinda un mayor acceso a justicia, a pesar de que esas instalaciones no contemplan diferentes accesos para la persona afectada y la agresora.
También concluye que la sostenibilidad del proyecto de administración de justicia depende del presupuesto, la voluntad política y del cambio cultural hacia un modelo más mediador y conciliador. Además, añade, depende de la fuerza vinculante que se le de a los modelos de gestión. Aquí sugieren más capacitación y la continuidad de este personal entrenado, una vez se implementen las carreras judicial, administrativa y de defensa pública.
Recomendaciones
El informe recomienda que se siga fomentando la coordinación entre el Órgano Judicial y el Ministerio Público para mejorar el uso de mecanismos alternos para la solución de conflictos.
A la vez, considera que la reforma procesal penal requiere de un cambio cultural de la ciudadanía para aceptar el actual sistema garantista que aboga por la mediación y la conciliación y que no ya no se trata de un sistema punitivo como lo era el sistema inquisitivo. Recalca que este cambio cultural requiere reforzar el trabajo de sensibilización con los medios de comunicación, ya que ellos pueden contribuir a obtener un mayor impacto en este cambio de percepción ciudadana.
Así mismo, estima que este tipo de reformas judiciales son una oportunidad para introducir nuevos enfoques y perspectivas en el sistema judicial, como el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Estos aspectos, añade el análisis, contribuyen a tener en cuenta y a atender las necesidades específicas de una parte de la población más discriminada.
