La Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas, investiga a una mujer de nombre Joselín Santos, por la supuesta comisión del delito de estafa contra 21 personas, en su mayoría mujeres, que le entregaron dinero para pagar unas cirugías plásticas en Colombia que no se realizaron.
De acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público, Santos contactaba a sus clientes por Instagram y otras redes sociales. Ofrecía un servicio denominado “todo incluido”, integrado por la promesa de operaciones estéticas en varias partes del cuerpo y otros componentes como pasaje de avión, traslado, estancia en la clínica y tratamientos para el mejoramiento estético.
El pasado martes 4 de octubre, el fiscal Murgas le imputó cargos por la supuesta comisión del delito de estafa y logró que un juez de garantías ordenara su detención preventiva. De acuerdo con la línea de investigación de la fiscalía, la mujer era la encargada de entrevistar a las pacientes y definir el servicio estético que requerían.
Durante la audiencia con el juez, la fiscalía logró establecer que la detenida no tenía formación en medicina ni en servicios estéticos y que solo tiene el título de bachiller.
¿Cómo operaba la presunta estafa? El paquete “todo incluido” implicaba que el cliente debía abonar 50% del costo del tratamiento en la clínica en la que supuestamente se harían los procesos estéticos.
Algunas de las víctimas, a pesar de que entregaron el adelanto de dinero solicitado, contaron a la fiscalía que no recibieron respuesta a las múltiples solicitudes sobre la fecha de los tratamientos. Algunas incluso viajaron a Colombia, pero no recibieron los servicios prometidos y por los que ya habían pagado la mitad del costo.
La abogada Lola Barcala, quien representa a las víctimas, contó a La Prensa que presentó la denuncia ante el Ministerio Público, tras ser contactada por mujeres que le relataron lo sucedido, luego de pactar los servicios estéticos del “todo incluido”.
Barcala detalló que hay un caso de una joven que sí fue operada en Colombia, quien tuvo complicaciones y perdió sus extremidades, presuntamente por culpa del tratamiento realizado.
Reveló que este último caso se encuentra radicado en la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal del Ministerio Público, pero que aún se encuentra en la fase de investigación preliminar y no se han imputados cargos.
