A la Corte Suprema de Justicia llegó otra demanda de inconstitucionalidad contra uno de los decretos que surgió de la mesa de diálogo que se desarrolló en Penonomé.
Se trata del Decreto Ejecutivo No. 16 del 26 de julio de 2022, que fija un margen bruto máximo para la comercialización de algunos productos importados, como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza.
La acción legal fue presentada por el abogado Camilo Valdés en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y argumenta que para expedir el decreto no se tomaron en cuenta aspectos técnicos, financieros, tributarios ni de administración empresarial, que afectan al sector productivo del país y a la empresa privada.
También alega que viola principios consagrados en la Constitución y normas del derecho internacional relacionadas con la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libre competencia.
El documento precisa, además, que se viola el artículo 4 de la Constitución, que regula disposiciones con categoría de ley, que son producto de convenios internacionales, entre ellos, el acuerdo de incorporación de Panamá a la Organización Mundial del Comercio.
La demanda también plantea que el Ministerio de Comercio e Industrias, al momento de expedir el decreto, “rebasó las facultades que le otorga la Carta Magna, ya que atenta contra la propiedad privada”.
Precisa que al establecer una lista de productos con un límite al margen bruto de comercialización, limita el uso y disfrute de los productos que son propiedad privada de las empresas.
Rubén Castillo, presidente del Conep, reiteró que la mesa de diálogo ha sido excluyente y discriminatoria, al no tomar en cuenta todos los sectores del país.
Agregó que el Conep, como parte del sector privado del país, va a defender la libre competencia, al igual que brindará apoyo a los pequeños, medianos y micro productores.
Esta es la tercera demanda contra una iniciativa surgida en la mesa de diálogo de Penonomé.
El pasado lunes, el abogado Ernesto Cedeño acudió a la Corte a presentar dos recursos legales contra el Decreto Ejecutivo No. 215 del 1 de septiembre de 2022, que le da vida a una comisión anticorrupción en la que solo participan las tres alianzas que desde el pasado 21 de julio están sentadas con representantes del Gobierno en la mesa de diálogo de Penonomé.
