Unos 2,000 privados de libertad con enfermedades crónicas se encuentran hacinados entre los 25,000 internos que actualmente ocupan las cárceles del país.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos humanos, las cárceles están desbordadas y albergan a personas que necesitan atención médica especializada.
La falta de acceso a servicios básicos como atención médica, agua potable, educación y trabajo constituye una grave violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esto agrava patologías preexistentes y fomenta la aparición de nuevas enfermedades, representando un riesgo para la salud pública.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, subrayó la urgencia de implementar políticas para atender las necesidades de la población penitenciaria, que muchas veces no recibe atención médica ni judicial de manera oportuna.
Por su parte, Ángel Calderón, secretario general de la Dirección del Sistema Penitenciario, reconoció que esta problemática es resultado de deficiencias heredadas de administraciones pasadas, que no implementaron programas de resocialización ni desarrollaron infraestructura de salud adecuada.
Calderón también informó que el sistema penitenciario tiene capacidad para albergar a unos 16,000 internos, pero actualmente enfrenta un hacinamiento crítico con una población de 25,000 privados de libertad. Además, señaló que el aumento de la criminalidad, particularmente relacionada con delitos de drogas, es uno de los principales factores que ha incrementado el número de personas detenidas.
Calderón destacó que la infraestructura de los centros penitenciarios no ha experimentado cambios significativos en los últimos 15 años, lo que hace urgente invertir en mejoras, ya que muchas instalaciones presentan un grave deterioro por falta de mantenimiento.
Explicó que se están desarrollando alternativas e inversiones para ubicar a los privados de libertad con problemas de salud en espacios adecuados a sus necesidades y garantizarles la atención que requieren.
Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, señaló que se trabaja en un plan para descongestionar las cárceles, identificando a internos que ya han cumplido o están por cumplir sus condenas, con el objetivo de aplicarles medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
Torregrosa añadió que se está localizando a los internos con dolencias físicas para que reciban atención de especialistas o puedan acceder a medidas como arresto domiciliario o el uso de brazaletes electrónicos, lo que les permitiría recibir atención médica de calidad.
Estadísticas de la Dirección del Sistema Penitenciario indican que hasta octubre de 2024 la población penitenciaria ascendía a 24,286 personas. De estas, unas 6,000 están en la fase final de cumplimiento de sus condenas y podrían obtener su libertad cumpliendo ciertas condiciones.
Actualmente, las cárceles de Panamá registran una sobrepoblación de 9,695 reclusos. El centro penitenciario con mayor hacinamiento es La Nueva Joya, que alberga a 5,664 internos, de los cuales 3,399 tienen condena y 2,265 enfrentan procesos penales abiertos.
Le sigue La Joyita, con 4,495 reclusos, de los cuales 2,027 están condenados y 2,468 aún tienen procesos judiciales pendientes. En tercer lugar está La Joya, que tiene 4,585 internos, con 3,159 condenados y 1,426 a la espera de resolución de sus casos.
