La juez Baloisa Marquínez suspendió el juicio de Odebrecht hasta el próximo viernes 13 de febrero, para lograr la comparecencia de la comisionada de la Policía Nacional, Damaris Rodríguez, cuya declaración fue solicitada por los abogados de varios acusados.
Rodríguez participó en la elaboración de un informe sobre blanqueo de capitales que es parte del expediente. Varios abogados han manifestado su intención de refutarlo.
El juzgado ha girado varias boletas de citación a Rodríguez: el 17 de agosto de 2025 y el 26 y 30 de enero de 2026. La juez Marquínez ordenó este martes que se emitiera una más, a fin de garantizar su presencia este viernes 13 de febrero, a las 8:30 a.m.
Entretanto, se declaró un receso hasta esa fecha.
Se supone que el 13 de febrero es el último día de juicio, según la agenda del tribunal.
Todavía no ha iniciado la fase de alegatos de la Fiscalía Especial Anticorrupción, del Ministerio de Seguridad Pública (que actúa como querellante) y de cada uno de los abogados de los acusados (que son 19 personas).
Cuando Alma Cortés, una de las abogadas sustitutas del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), escuchó que la juez ordenó que la boleta de citación sea entregada, “mañana a primera hora”, al Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, advirtió a la juez de que Rodríguez ya no labora en ese lugar.
Cortés pidió a la juez que se solicite al Tribunal Electoral (TE) que indique cuál es la residencia de la comisionada Rodríguez. La juez rechazó la idea y recordó que el perito Eliseo Ábrego, ya jubilado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), está “en las mismas condiciones” que la camisionada, y aún así compareció al juicio a rendir testimonio.
Por su parte, la fiscal Ruth Morcillo detalló que a Rodríguez se le solicitó que elaborara un informe cuando fungía como jefa de la División de Administración Pública de la DIJ.
Morcillo recalcó que Rodríguez no es perito y que el informe solicitado fue en base a elementos que había dentro del expediente.
Los testigos de este martes
El perito José Ángel Hidrogo fue el primer testigo en comparecer en la jornada de este martes 10 de febrero (que es el decimoctavo día de juicio). Su testimonio fue presentado por el abogado Erasmo Muñoz, defensor de Jaime Lasso, uno de los acusados presentes en la sala.
Médico, lobista y exembajador en Corea del Sur, Lasso es persona de confianza de del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Según la investigación, Odebrecht realizó depósitos a Poseidon Enterprise y a la Fundación Don James, ambas de Lasso, los cuales posteriormente fueron entregados a Varela, como donaciones para la campaña electoral de 2009. Lasso declaró en su indagatoria que Odebrecht le entregó $700,000 para financiar un programa social de reproducción asistida.
André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, declaró que, en total, se depositaron unos $10 millones a sociedades de Lasso. Su hija Michele también está acusada en este proceso.
El testigo Hidrogo se refirió a los fondos que recibió la Fundación Don James, Poseidon Enterprises y V-Tech, que fueron utilizados para financiar la campaña política del Partido Panameñista, entregados entre los años 2009 y 2013.
Hidrogo explicó que la información para realizar su informe le fue entregada por Franklin Gordón, quien era el contador de Lasso. Indicó que el dinero recibido lo repartió entre 49 empresas a las que se adquirieron artículos para la campaña política de Varela; también para comprar propaganda en los medios de comunicación y a personal que trabajó en el Comité de Finanzas del Panameñista.
Hidrogo se refirió a Lasso como “director de finanzas” del Panameñista y respaldó lo que ya consta en el expediente: que este acusado recibió $6.7 millones de Odebrecht, a través de varias sociedades, los que posteriormente entregó a la campaña del Panameñista, partido que entonces presidía Varela. Según él, no hubo nada “ilegal” en estas transferencias.
La fiscal Yanibeth Malek interrogó a Hidrogo sobre el uso de los fondos recibidos, detallando que se hizo una donación a Juan Carlos Varela por la suma de $736 mil, otra al diputado José Luis Varela por $107 mil y una más a Roberto Carretero, por $3.2 millones, para adquirir artículos promocionales.
El segundo testigo fue el ingeniero Gilberto Ferrari, solicitado por Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka, identificado como socio de la familia Martinelli en varios proyectos incluyendo unas hidroeléctricas.
Ferrari elaboró un informe para determinar la viabilidad de dos proyectos sobre el río San Pablo, en la provincia de Veraguas. Opinó que era “imposible” que los proyectos de San Bartolo, Las Cruces (ambos promovidos por Batkha) y La Laguna (de los hermanos Martinelli) pudieran operar exitosamente debido al impacto ambiental que generarían. Alegó que esa fue la razón por la que se fusionaron.
También acudió al estrado el banquero Gustavo Adolfo Villa López, quien por años laboró en la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Villa declaró sobre un informe que elaboró sobre un financiamiento sindicado a Corporación de Energía del Istmo, controlada por Bhatka. Dijo que esos préstamos eran para el desarrollo del proyecto de San Bartolo y Las Cruces.
Comentó que este préstamo fue concedido por varios bancos locales debido a la solvencia económica y las garantías proporcionadas por las empresas de Bhatka. Además, destacó que la Corporación Energía del Istmo tenía una línea de crédito de $80 millones y cumplía con todos los requerimientos establecidos por la SBP.
