El secuestro de los activos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), ordenado por un juzgado civil, es señal de un “Estado fallido”, al impedir la operatividad de los periódicos La Prensa y Mi Diario y dificultar el pago de salarios a 240 colaboradores, advirtió el Consejo Nacional de Periodismo (CNP).
El secuestro, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, fue decretado formalmente el pasado 22 de junio, por la juez Decimoquinta Civil, Lina E. Castro De León, como parte de una demanda civil que presentó hace ocho años, por presuntos daños y perjuicios, el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
El proceso está en primera instancia, pendiente de la práctica de pruebas, y todavía no se ha dictado una condena ni se ha probado que Corprensa ha cometido delito alguno.
Para el CNP, la orden de la juez Castro es una decisión judicial sin precedentes que violenta varios principios y garantías fundamentales consagrados la Constitución y en normativas internacionales.
“No nos equivoquemos, con esto perdemos todos: los ciudadanos, los medios, las empresas, la justicia, la imagen del país, e incluso ha perdido el expresidente, que intentando resarcir su reputación, ha terminado por enlodarla”, remarca el CNP, al tiempo que pide un pronunciamiento de parte del expresidente Laurentino Cortizo.
Lea aquí el comunicado del CNP
“Este pronunciamiento lo hacemos en consonancia con los principios que siempre ha defendido el CNP: que el periodismo está sujeto al escrutinio de todo ciudadano que considere su honra afectada, sin embargo le corresponde a la administración de justicia asegurar que sus decisiones no pongan en riesgo el normal funcionamiento de los medios de comunicación violando la libertad de prensa consagrada en la Constitución”.
