TRANSPARENCIA

La eterna lucha por la información pública

La Ley 6 de 2002 obliga a las instituciones a dar información pública a quien la solicite.

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Los funcionarios tienen 30 días para suministrar los datos que un ciudadano les solicite. Los funcionarios tienen 30 días para suministrar los datos que un ciudadano les solicite.
Los funcionarios tienen 30 días para suministrar los datos que un ciudadano les solicite. LA PRENSA/Archivo

En campaña, los políticos se comprometen con la transparencia y la rendición de cuentas, pero una vez llegan al poder olvidan este compromiso.  

El ejemplo más claro de esta práctica se evidencia cuando un ciudadano o un periodista se acerca a una institución para solicitar información pública, un derecho que está contemplado en la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia.

En la mayoría de los casos, los funcionarios niegan dar la información, pese a que el artículo 2 de la citada norma establece que “toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones (...)”.

Entre 2013 y lo que va de 2016, este medio ha presentado 127 solicitudes de información a distintas entidades del Gobierno, distribuidas de la siguiente manera: 69 en 2013, de las que 39 llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de recursos de habeas data; 26 en 2014, 

y 6 de ella se convirtieron en habeas data; mientras que en 2015 se hicieron 29 solicitudes de información, y 7 de estos se convirtieron en peticiones de habeas data. En lo que va del año, La Prensa ha presentado tres peticiones para que se entreguen documentos públicos.

En años anteriores a 2013 también se presentó una larga lista de solicitudes, con pocos resultados favorables.

¿Por qué los habeas data? Resulta que la Ley de Transparencia dispone en el artículo 17 que toda persona está legitimada para promover una acción de habeas data, cuando el funcionario o el responsable del archivo o banco de datos no le haya suministrado lo solicitado.

La citada ley también dice que el funcionario tendrá 30 días calendario, a partir de la fecha de la solicitud, para contestarla por escrito. En caso de que no posea lo solicitado, deberá informarlo.

Si se trata de una petición compleja, el servidor público deberá comunicarlo por escrito dentro de los 30 días antes señalados, con el propósito de extender el término para recopilar los documentos. Nunca podrá superar ese término.

LOS CASOS

En el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014) eran comunes frases como estas: “No le doy declaraciones a La Prensa”.

El propio Martinelli lo reconoció en una entrevista televisiva. “Yo le he dicho a la gente [subalternos] que no conteste los cuestionarios”, afirmó. Ante la negativa, se recurría entonces a la CSJ, corporación que aún tiene pendiente resolver varios de esos recursos.

De hecho, recientemente se conoció que el pleno de la Corte, en un fallo del pasado 30 de diciembre, concedió un habeas data a este medio y ordenó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) entregar copia del expediente que contiene el proceso de adjudicación de un terreno en Isla Gobernadora, Veraguas, a Reinaldo Della Togna, primo del expresidente Martinelli. 

Los datos habían sido solicitados entre septiembre de 2012 y marzo de 2013, a través de correo electrónico y de notas, pero el entonces administrador de la Anati, Franklin Oduber, no dio respuesta. Por eso se acudió al máximo tribunal de justicia. 

Casos como este se multiplican.

ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Entre las 26 solicitudes de información que se presentaron en 2014 se destacan algunas acontecidas en la administración de Juan Carlos Varela,  quien asumió la Presidencia de la República el 1 de julio de 2014.

En diciembre de ese año, este medio solicitó al Ministerio de Salud que proporcionara los contratos y adendas de los hospitales Manuel A. Guerrero, en Colón; Anita Moreno, Los Santos; Luis Chicho Fábrega, Veraguas; y los hospitales de Bugaba, en Chiriquí; y Metetí, en Darién.

También se les consultó ¿cómo se aprobó el proceso de pago?, el avance de las obras y qué hacía falta para que entregaran los proyectos. Nunca se obtuvo respuesta, por lo que en enero de 2015 se presentó un habeas data a la CSJ, que no ha sido resuelto.

En 2015, año durante el cual se presentaron 29 solicitudes, sobresalen peticiones hechas a la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert. El 28 de julio de ese año se solicitó a esta entidad que diera información sobre la auditoría efectuada al proceso de compra y distribución de mochilas escolares a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, caso que está en la mirada pública, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Los documentos fueron negados, por lo que se presentó un recurso de habeas data que está en manos de los magistrados de la Corte.

También se pidió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) detalles de las quejas que ha recibido contra entidades en casos de nepotismo y en licitaciones. Angélica Maytín, directora de la entidad, solicitó el 13 de enero pasado 30 días para responder, argumentando que estaba a la espera de una consulta que hizo al procurador de la Administración, Rigoberto González, para saber si esa información se puede hacer pública.

Una acción que sí resolvieron los magistrados de la Corte fue la de habeas data, que presentó este medio en marzo de 2014, para que la Superintendencia de Bancos de Panamá entregara la lista de bancos sancionados por malas prácticas en los últimos seis meses. Con fecha del 28 de octubre de 2015, el pleno de la Corte negó el recurso alegando confidencialidad. Sin embargo, un magistrado [Abel Zamorano] salvó su voto al señalar que la Superintendencia debió explicar, mediante resolución motivada en el término de 30 días, la razón de su negativa.

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