El exdiputado del partido Cambio Democrático (CD), Mario Miller, recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto la condena de 13 años de prisión que le fue impuesta por el delito de peculado doloso en perjuicio de la Asamblea Nacional.
A través del edicto No. 39, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales informó que remitió a la Sala Penal de la Corte los recursos de casación presentados por Miller, Eréndira González y Edith Navarro, estas dos últimas funcionarias de la Asamblea Nacional que también fueron condenadas en este proceso.
En octubre de 2024, Miller fue condenado a la pena de 13 años de cárcel, tras comprobarse que participó en la elaboración de contratos de servicios profesionales que no cumplían con los requisitos del Departamento de Recursos Humanos del Órgano Legislativo. A través de estos contratos se emitieron cheques por sumas elevadas, que fueron depositados en la cuenta de una empresa sin vínculo con la entidad.
La sentencia también señaló que se evidenció falsedad en documentos, ya que se emitieron cheques a nombre de personas analfabetas e incluso de personas fallecidas. Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la condena de Miller y otros implicados, tras demostrar el uso fraudulento de las planillas de del Legislativo para defraudar al Estado.
A raíz del proceso judicial, Miller fue separado del partido Cambio Democrático (CD), en el que militaba, para enfrentar el juicio. En el proceso, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que funcionarios de la Asamblea, junto con Miller, desviaron fondos destinados a programas de interés social para su propio beneficio.
Las pesquisas por este caso se iniciaron en 2014, tras una publicación del diario La Prensa, que reveló que algunos diputados utilizaban las planillas del Legislativo para defraudar al Estado mediante la emisión de cheques a nombre de terceros.
Usualmente, estos terceros cobraban los cheques y recibían una comisión, mientras que el resto del dinero era entregado a Miller y a los demás implicados. Los cheques emitidos por la Asamblea supuestamente estaban destinados a ayudas económicas para comunidades necesitadas, pero los fondos nunca llegaron a sus beneficiarios.
La Contraloría General de la República hizo una serie de auditorías a junta comunales, municipios sobre fondos manejados por los diputados lo que reveló que unos $50 millones carecían de facturas fiscales y otras $20 millones no tenían justificación.
A raíz de estos hallazgos, se presentaron denuncias contra 11 diputados de la AN, entre ellos Miller, Francisco Pancho Alemán del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Rubén De León, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Aris de Icaza, Marylín Vallarino, Edwin Zúñiga, de CD; así como los perredistas Leandro Ávila, Athenas Athanasiadis, Felipa Vargas; y Jorge Alberto Rosas, del Partido Panameñista.
Sin embargo, las anomalías relacionadas con el manejo de fondos por parte de diputados, representantes de corregimiento y alcaldes no han cesado en los últimos años.
En la actualidad, el Ministerio Público investiga a unos 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y alcaldes por el mal manejo de fondos de la descentralización.
