La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí, Bienvenida Araúz, imputó cargos por el supuesto delito de peculado agravado y decretó medidas cautelares contra un exrepresentante de corregimiento y una extesorera de la junta comunal de Rincón, en el distrito de Gualaca, Chiriquí.
La medida se tomó durante una audiencia celebrada el pasado jueves 2 de enero.
El caso, que abarca el periodo 2009-2014, se centra en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual detectó transferencias irregulares por 201,622 dólares con 29 centésimos en perjuicio de los fondos comunales.
Durante la audiencia, la fiscal Nixia Aizpud presentó pruebas que sustentan la posible comisión del delito. La juez Araúz consideró que estos elementos son suficientes para imponer a los imputados las medidas cautelares de reporte periódico los días 30 de cada mes y la prohibición de salida del país sin autorización judicial.
Ambos acusados estuvieron representados por el abogado Sergio González.
En David
No es el único caso por posible peculado que se gestiona en la provincia de Chiriquí y que involucra a autoridades de gobiernos locales. El pasado 27 de diciembre, la jueza Elvia Pittí imputó cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, en calidad de autores, contra un exrepresentante y un extesorero de la junta comunal de David cabecera.
Esta pesquisa comenzó a raíz de una denuncia presentada el 10 de julio de 2019 contra los exfuncionarios públicos, por hechos en perjuicio de la Junta Comunal de David. El Órgano Judicial no informó el monto del presunto peculado.
Sin embargo, la jueza no acogió la solicitud del fiscal Javier Mitre Burgos de establecer medidas cautelares, al considerar que no existen elementos que sustenten los riesgos procesales de afectación del proceso ni peligro de fuga.
El peculado domina los casos contra la administración pública
Un reciente estudio elaborado por el Ministerio Público y la Dirección de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Panamá reveló que el peculado, delito que implica la apropiación indebida de bienes públicos, representó el 63% de los casos por delitos contra la administración pública en Panamá entre 2018 y 2024.
El documento también mostró que la corrupción representó el 13% de los delitos contra la administración pública. Le siguieron los delitos contra los servidores públicos (13%), la concusión y la exacción (2%), el tráfico de influencias (1%), el abuso de autoridad y la infracción de los deberes de los servidores públicos (1%), la violación de sellos públicos (1%) y otros delitos (10%).
