El procurador de la administración, Rigoberto González, aseguró que si bien acata el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impidió investigar a funcionarios por el manejo de fondos de la descentralización, en este caso quien pierde es el ciudadano, que se quedará sin conocer el uso dado a estos recursos.
González expresó que “debo acatar el fallo de la Corte, mas no compartirlo”, ya que ahora con la decisión dada a conocer el pasado viernes, se le impide hacer diligencias que “antes la propia Corte Suprema de Justicia me decía que podía”.
Aseguró que la Corte ha variado algunos fallos precedentes de esa corporación de justicia, en los que se le reconocían facultades que, ahora le informan, no tiene.
Estimó que para cambiar fallos precedentes de la Corte, primero la Corte que reconocer que los fallos anteriores estaban equivocados y se está rectificando, pero que en este caso la corporación de justicia no ha cumplido con ese aspecto.
El funcionario detalló que en el caso de la denuncia interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño con relación al uso de los fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), solo se buscaba transparentar el manejo de los fondos públicos, pero que el fallo de la Corte se lo ha impedido.
González enfatizó que en este caso el fallo de la Corte, en el que se declaró que no era competente para investigar la conducta ética de los funcionarios que manejan los fondos de la AND, no le afecta a él, si no a la ciudadanía que no conocerá el destino dado a estos recursos.
También instó a la Contraloría General de la Nación para que brinde los detalles del uso de estos fondos, luego que el contralor Gerardo Solís asegurara que no se detectaron anomalías en el manejo de estos recursos.
El pasado viernes, bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García y en un fallo con seis votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte concedió un amparo de garantías interpuesto por el director de la AND, Edward Mosley Ibarra, que determinó que González no podía investigar la actuación ética de los funcionarios que manejaron fondos de la descentralización.
